La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insta a España a profundizar la reforma del sistema de pensiones, e incrementar hasta 35 los años para el cálculo de la pensión, y a subir varios impuestos para hacer frente al incremento de costes derivados del envejecimiento de la población. En un informe publicado este miércoles, la OCDE identifica a España como el segundo país de la UE -solo superado por Portugal- donde más crecerán los costes vinculados al envejecimiento, concretamente un 3,8% del PIB entre los años 2024 y 2044.

La OCDE ha señalado este problema en su último informe, en el que también ha dado a conocer sus previsiones económicas. En este sentido, cabe remarcar que el organismo ha revisado nuevamente al alza su pronóstico de crecimiento para España para este año y el siguiente, después de la mejora anunciada el pasado mes de septiembre, y ahora anticipa que la economía crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, lo que implica una subida de tres y dos décimas, respectivamente, respecto del pronóstico anterior. A más largo plazo, el 'think tank' de las economías desarrolladas augura que el producto interior bruto (PIB) de España moderará el ritmo de expansión en 2027 hasta el 1,8%, según las nuevas proyecciones contenidas en el informe anual de la OCDE sobre la economía española.

En el capítulo de recomendaciones, y volviendo al tema de las pensiones, según el documento, las presiones a largo plazo sobre las finanzas públicas españolas tenderán al alza, debido principalmente al envejecimiento de la población y a los crecientes costes del sistema de pensiones, además del incremento del gasto en la lucha contra fenómenos climáticos y el gasto en defensa.

En este sentido, la OCDE recomienda una reforma fiscal "equilibrada" para evitar que la brecha entre el gasto y la retribución de pensiones y los ingresos de la administración pública se haga más grande. Entre las reformas sugeridas, la organización plantea extender el periodo de referencia para el cálculo de los derechos de pensión -de acuerdo con una mayor esperanza de vida- y hacer un seguimiento más exhaustivo del gasto en el sistema.

Al mismo tiempo, apuesta por la introducción de nuevos programas para los trabajadores de más edad para mejorar sus habilidades y, en paralelo, simplificar los procesos de llegada y de integración para empleados procedentes de países terceros para atraer "más talento del extranjero".

También en la misma línea, propone "equilibrar" el sistema impositivo para hacerlo "menos distorsionado". Según el informe, las cargas impositivas sobre el trabajo en el Estado son "elevadas", un hecho que podría desincentivar la creación de empleo y de puestos de trabajo. En cambio, el documento indica que los impuestos vinculados al consumo son inferiores a la media de la OCDE. Es por ello que la entidad plantea una equiparación para conseguir un sistema impositivo "más equitativo y eficiente" que, al mismo tiempo, permitiría incrementar los ingresos.

Sobre este punto, la organización examina un incremento y armonización del IVA, la reducción de exenciones sobre ciertos productos, igualar los impuestos especiales sobre la gasolina y el diésel, subir los impuestos vinculados a la energía y al automóvil y, al mismo tiempo, reducir la carga impositiva sobre las familias con menos recursos.

Mejora de las previsiones económicas

El informe publicado este miércoles revisa al alza las previsiones de crecimiento del PIB español y continúa situando al Estado como la gran economía dentro de la eurozona que más crecerá. Según las estimaciones, España cerrará este 2025 con una mejora del producto interior bruto del 2,9% -tres décimas más respecto a las anteriores estimaciones-, mientras que para los años 2026 y 2027 el crecimiento se situará en el 2,2% y el 1,8%, respectivamente.

Por otra parte, la OCDE también pronostica una senda a la baja del déficit público, que este 2025 se estima en el 2,5% del PIB y hasta el 2,3% hasta 2027, por debajo del límite del 3% fijado por Bruselas. La organización, al mismo tiempo, avala los planes del gobierno español para reducir la ratio de deuda pública y apunta que esta volverá a situarse por debajo del 100% del PIB este 2025, un hecho que no se daba desde 2019.

A pesar de las buenas cifras macroeconómicas, el documento alerta de que estas no se traducen en la mejora de las condiciones económicas de las familias. "Hacen falta reformas estructurales para elevar el PIB per cápita y reforzar la sostenibilidad fiscal", señala el informe, el cual también indica que la convergencia del poder adquisitivo de los hogares españoles respecto a otras economías avanzadas "es todavía limitado".

Vivienda y clima

Otras cuestiones también destacables del informe tienen que ver con la vivienda y la lucha contra el cambio climático, dos cuestiones que en el Estado suponen, según la OCDE, retos "estructurales". En el caso de la vivienda, la organización apunta que "los cuellos de botella persistentes" en áreas donde la demanda de un hogar es muy elevada, provoca que los precios tiendan al alza. Ante este escenario, el documento considera "un elemento central" la necesidad de incrementar la oferta. Para ello, recomienda acelerar los procesos para convertir suelo en urbanizable, ampliar la inversión en vivienda social y profundizar en la colaboración de actores públicos y privados para expandir el parque actual.

En cuanto al clima, el informe sitúa a España como el cuarto país europeo donde las pérdidas económicas per cápita vinculadas a desastres climáticos son más elevadas. "El incremento de las temperaturas, las sequías frecuentes e intensas, las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales amenazan cada vez más el crecimiento futuro del país, el medio ambiente y la salud pública", indica el informe. En este sentido, insta al Estado a llevar a cabo "inversiones específicas" en adaptar su infraestructura, mantener sus políticas de descarbonización y profundizar en inversiones vinculadas al almacenamiento de energía.