Casi una de cada tres personas (29,6%) que trabajan para una administración pública española tiene un contrato temporal a diciembre del pasado año, aunque los porcentajes sufren fuertes vaivenes dependiendo de las comunidades autónomas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Así, el empleo público temporal en la Comunidad de Madrid se reduce al 21,5% -la más baja de los 17 territorios- seguida de Catalunya con un 23,5%. En el otro extremo, casi uno de cada dos empleos públicos (45,8%) en el País Vasco son temporales, el 42,4% en Asturias y el 40,2% en Extremadura.
Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de CC. OO., declara que las diferencias se explican por el peso que cada administración (central, autonómica y local) tiene en la comunidad autónoma y matiza que la mayor temporalidad se da en las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) y las comunidades autónomas, donde la Sanidad y la Enseñanza, con altas tasas de temporalidad, pesan mucho en el empleo autonómico. No obstante, Pinillos apunta la dificultad para conocer la temporalidad en la administración local, teniendo en cuenta que hay 8.000 municipios; dificultad que también resalta Montse Haro, de UGT.
Autonómicos y locales
Sin embargo, el peso de las tres administraciones no explica, por sí solo, la escasa temporalidad de la Comunidad de Madrid y la de Catalunya. En el caso de la primera, el 36,5% del total de los empleados públicos están contratados por la Administración Central, la mitad por la autonómica y el 13% por los ayuntamientos de la provincia. En cambio, el espectro del empleo público en Catalunya es diametralmente opuesto, pues solo el 6,7% de la fuerza laboral empleada en los servicios públicos pertenece a la Administración Central, frente al 67,3% a la autonómica y el 26% a la local.
Por tanto, la baja temporalidad de Madrid tiene su origen en el peso de la Administración General del Estado, donde 8 de cada diez empleados son funcionarios (por tanto, con contrato indefinido) y en el caso de los laborales, más de la mitad tiene también un contrato fijo, según el Boletín Estadístico de la Función Pública. Sin embargo, el porcentaje de los funcionarios se reduce a cinco de cada diez en el conjunto de las administraciones autonómicas y a uno de cada tres en las locales. Cifras que corrobora Pinillos al apuntar a estas dos últimas administraciones como las responsables de la alta temporalidad en la administración, del 30% frente al 15% del sector privado.
Por el contrario, el escaso peso del empleo público de la Administración General del Estado en Catalunya no sirve para explicar la baja tasa de temporalidad, que se debe a que en las administraciones autonómica y local catalanas hay una mayoría de contratos indefinidos, en comparación con otras comunidades autónomas. Algo que queda patente si se compara la temporalidad con el País Vasco, más del doble que en Catalunya, a pesar de que en ambos territorios, solo el 6,7% del empleo público está al servicio de la Administración central. La baja presencia de empleados del Estado en estas dos comunidades se explica a que ambas tienen transferidas las fuerzas de seguridad, que suponen 1 de cada 2 funcionarios de la Administración General del Estado. Por tanto, el 46% de temporalidad en Euskadi es achacable a una propensión mayor a su uso en las administraciones autonómica y local vascas, a diferencias de las catalanas.
Matizar la temporalidad
Sin embargo, a pesar de que la temporalidad es una lacra en el servicio público español, tiene un componente positivo, según señala la responsable de la Administración pública de CC. OO. “La baja temporalidad puede significar que las administraciones locales y autonómicas no están reponiendo las bajas que se producen, pues si es urgente, la sustitución debe hacerse necesariamente mediante contratos temporales, pues un empleo fijo precisa de Ofertas Públicas de Empleo que pueden tardar más de un año, desde la convocatoria hasta la toma de posesión de la plaza”.
Además, Pinillos señala que en 2021 se tomaron medidas, con el acuerdo entre sindicatos y Función Pública, para acabar con la alta temporalidad en el empleo público, mediante un plan de choque firmado en julio de ese año. Entonces se estableció una cascada de concursos de méritos para que los temporales optasen a una plaza indefinida. El pasado año se abrió la última ventana, y el proceso debe culminar en diciembre de este año. La sindicalista señala que ya se han publicado 570.000 plazas, de las que ocho de cada diez ya están en fase de convocatoria. Además, señala que cualquier plaza que se cubra desde 2021 debe convertirse en una plaza fija, por lo que deberá salir en una oferta pública de empleo.
“El compromiso es que la temporalidad se coloque por debajo del 8% en el sector público, algo que debería conseguirse con estas 570.000 plazas que deberán estar convocadas a lo largo de este año”. No obstante, señala que podrían salir más plazas, especialmente de las corporaciones locales.
Pero hay un problema añadido. La edad media de los empleados públicos es alta debido a la caída de la contratación entre 2012 al 2018, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy estableciese una tasa de reposición que solo permitía reemplazar a uno de cada diez jubilados. Desde 2018 se ha ido flexibilizando y ahora se permite cubrir el 120% de las plazas de los jubilados para ir reponiendo la pérdida de empleo público de estos años. Pero la jubilación de muchos trabajadores públicos también ha hecho elevar la temporalidad, pues sus huecos se cubren con urgencia sin oferta pública. Por este motivo, señala la importancia de establecer, además de los planes de estabilización, planes de reposición.