El voto en contra de Junts y la abstención del PSC han tumbado el decreto sobre alquileres temporales del Govern de la Generalitat. De esta manera, la normativa impulsada por la consellera de Territorio en funciones, la republicana Ester Capella, dejará de estar vigente de manera inmediata.

En la votación de este jueves en el Parlament, ante su Diputación Permanente, se ha rechazado la regulación de los contratos temporales de vivienda, así como el alquiler de habitaciones, con el voto en contra de Junts, Vox, PP y Ciudadanos. ERC solo ha conseguido el apoyo de los Comuns y la CUP. El grupo socialista se ha abstenido.

La consellera Capella ha subrayado que "no entrar en la regulación significa garantizar la especulación". Por su parte, Alicia Romero (PSC) y Mònica Sales (Junts) han cargado contra el Govern por tramitar el decreto ley a toda prisa, poco antes del inicio de la última campaña electoral, sin trabajarlo con el resto de grupos políticos. Romero ha añadido que el texto del decreto generaba "inseguridad jurídica" y que podría desincentivar a los propietarios que se plantearan poner viviendas en alquiler.

Mònica Sales, de Junts, se ha pronunciado a favor de regular los alquileres de temporada, "pero no hacerlo así". Indicó que es necesario implicar a todos los actores del sector. "Esta norma se carga todo el modelo de alquiler de temporada partiendo de la premisa de que todos los contratos que se hacen son un fraude", manifestó.

En un comunicado, ERC lamenta que PSC y Junts "se hayan alineado junto a la derecha y la extrema derecha" para tumbar esta norma. El portavoz adjunto del grupo republicano, Jordi Orobitg, ha declarado que, con la abstención de los primeros y el voto en contra de los segundos, estas formaciones “promueven la indignidad ciudadana, defendiendo los intereses de aquellos que siempre han ganado con la vivienda y quieren seguir haciéndolo”.

Mediante un decreto ley de urgencia publicado a mediados del pasado abril, el Govern reguló "el uso fraudulento de los alquileres de temporada" en Catalunya. Entonces, desde la oposición política ya se les acusó de electoralismo. El decreto recogía que se apliquen las normas de alquiler de vivienda también a los temporales, que tienen que explicitar en el contrato el motivo de la temporalidad y acogerse al nuevo tope del alquiler y a las normas sobre fianzas y gastos de contrato de la nueva ley de vivienda.

Sanciones de hasta 900.000 euros

Si no lo hacen, los propietarios podrían ser multados con entre 3.000 y 900.000 euros en función de la gravedad de la infracción. Si bien el decreto ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, quedaba sujeto a la posterior decisión del Parlamento.

Según su articulado, serían infracciones "muy graves", con multas de entre 90.001 y 900.000 euros, alquilar una vivienda con un precio de más del 30% por encima del índice de referencia o bien alegar una causa falsa en el contrato de arrendamiento, o sea, poner en el contrato que el piso es para una finalidad diferente de la real con tal de evitar la nueva ley. Y serían "infracciones graves", de entre 9.001 y 90.000 euros, no hacer constar la finalidad del alquiler en el contrato o bien alquilarlo entre un 10 y un 30% más de lo que estipula el índice de referencia y de contención de rentas.

Y finalmente sería considerado una infracción leve con sanciones de 3.000 a 9.000 euros no publicar en los anuncios de alquiler el precio del índice de referencia, la última renta del contrato de alquiler y la condición de gran tenedor del arrendatario, en caso de que lo sea.