El Govern ha aprobado este miércoles un decreto ley de urgencia para regular el uso fraudulento de los alquileres de temporada en Catalunya, tal y como avanzó hace unos días ON ECONOMIA, entre acusaciones de electoralismo del sector y la oposición. El decreto recoge que "se aplican las normas de alquiler de vivienda" también a las temporales, que deberán explicitar en el contrato el motivo de la temporalidad y acogerse al nuevo tope del alquiler y a las normas sobre fianzas y gastos de contrato de la nueva ley de vivienda. Si no lo hacen, los propietarios podrán ser multados con entre 3.000 y 900.000 euros en función de la gravedad de la infracción.  

Aunque el decreto ley entrará en vigor mañana mismo, la diputación permanente del Parlament debe validarlo o tumbarlo en los próximos días y, en caso de que así sea, la ley estará plenamente vigente antes de las elecciones, según han explicado fuentes del Govern en un briefing con medios de comunicación previo a la rueda de prensa de la consellera de Territori, Esther Capella, para hacerlo oficial. 

Serán infracciones muy graves, con multas de entre 90.001 y 900.000 euros, alquilar una vivienda con un precio de más del 30% por encima del índice de referencia o bien alegar una causa falsa en el contrato de arrendamiento, o sea, poner en el contrato que el piso es para una finalidad diferente a la real con tal de evitar la nueva ley. 

Serán infracciones graves, de entre 9.001 y 90.000 euros, no hacer constar la finalidad del alquiler en el contrato o bien alquilarlo entre un 10 y un 30% más de lo que estipula el índice de referencia y de contención de rentas. 

Y, por último, será considerado una infracción leve con sanciones de 3.000 a 9.000 euros no publicar en los anuncios de alquiler el precio del índice de referencia, la última renta del contrato de alquiler y la condición de gran tenedor del arrendador, en caso de que lo sea. 

Desde el Govern constatan que quedan "agujeros en la ley de vivienda" aprobada por el gobierno español en mayo del año pasado, incluso con la entrada en vigor del índice de referencia que fija las condiciones para topar el precio de los alquileres. Un mes después de la aprobación de este índice, la oferta de alquiler sigue cayendo y los precios subiendo, mientras que muchos propietarios han escapado de la contención de rentas con el alquiler de temporada, constatan desde el departamento de Habitatge de la Generalitat, en consonancia con los estudios publicados por los principales portales de vivienda y las patronales.

El objetivo de la ley es evitar la picaresca para eludir esta ley con fraude y definir de forma más concreta qué es el alquiler de temporada, ya que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) lo define de una forma un tanto vaga y lo excluye de la regulación de la Ley de Vivienda.

Mayor detalle que la LAU

La LAU deja fuera de las normas vinculadas al alquiler "los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea esta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren". El Govern, en cambio, especifica que tan solo los pisos turísticos podrán escapar de la regulación de precios y que cualquier estancia temporal por motivos laborales, médicos o de otras índoles no de ocio deberán tener un contrato de alquiler acorde a la ley. 

La intención del Govern es, sobre todo, desincentivar los usos fraudulentos, con una regulación que se avanza a la española, que está en discusión con reuniones entre el ejecutivo y el sector para poner coto al uso fraudulento de los alquileres de temporada. 

Además, el Govern explicita en la nueva ley que el alquiler de habitaciones, sumadas, no podrán sumar un precio por encima del fijado en los índices de referencia y la contención de renta, que limita al IPC las subidas del alquiler e impide a los grandes tenedores poner pisos en alquiler por encima del precio medio que marca el índice estatal de referencia aprobado recientemente. 

Por otra parte, para ampliar la capacidad de crear vivienda de alquiler social y asequible, el Govern amplía su derecho preferente de compra, conocido como tanteo y retracto, a todas las zonas de mercado tensionado. Allí, la Generalitat tendrá prioridad para poder comprar los pisos a grandes tenedores y aquellos que se hayan conseguido a cambio de ejecuciones hipotecarias o garantías hipotecarias.