ON ECONOMIA ha avanzado este jueves un decreto ley que el Govern catalán del president Pere Aragonès pretende publicar la semana que viene para combatir el alquiler de temporada. Este decreto se situaría a las puertas de las elecciones del 12 de mayo. Como es un decreto ley, la aplicación de la nueva normativa entraría en vigor el día siguiente, pero si alguien lo tumba o el Tribunal Constitucional lo declara nulo, podría quedar en papel mojado en tan solo un mes. Así pues, debe tenerse en cuenta que el decreto ley debe convalidarse antes de un mes, en este caso por la Diputación Permanente, porque no hay Parlament ya que ahora está disuelto. En todo caso, si se convalida, entonces debería verse si alguien recurre la norma ante el TC, que tardaría su tiempo en pronunciarse.
El objetivo que persigue la consellera de Territori, Ester Capella, es combatir este tipo de alquiler que cuenta con un vacío legal, tanto en la ley española como la catalana. Actualmente, lo único que regula la ley española es que los contratos de temporada se deben firmar demostrando que es una estancia temporal y no residencia habitual. Y, como no lo son, no tienen que obedecer al nuevo índice que regula los precios. Todo ello, favorece el auge de este tipo de contratos, aunque la motivación del alquiler no sea la temporalidad estrictamente.
El Govern también lo quiere regular
Este diario ha hablado con diferentes actores implicados de forma directa o indirecta con la cuestión y coinciden con que el tiempo y las formas no son las adecuadas. Pero el tema no es nuevo y está encima de la mesa porque todas las administraciones coinciden en el hecho que hacen falta cambios.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha celebrado una reunión este jueves liderada por el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el Director General de Vivienda, Francisco Javier Martín Ramiro. En este primer encuentro, ya se ha puesto encima de la mesa la necesidad de modificar la ley de arrendamientos urbanos actuales y tratar de confrontar diferentes posiciones con representantes del Sindicato de Inquilinas, el Colegio de Administradores o la Confederación de Cambras. El ministerio se ha comprometido a presentar una propuesta, dar el rango de modificación de la ley de vivienda de la LAU y volver a reunirlos en el corto plazo.
"Quieren regularlo deprisa"
En paralelo a este camino que se sigue desde el Gobierno, el catalán quiere mover ficha rápido. Joan Ràfols, presidente de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, lamenta las prisas del Govern de la Generalitat de Catalunya: "No tenía constancia de esta propuesta, pero pensaba que pondrían juicio. Tocar el alquiler de temporada implica una modificación de la ley de arrendamientos urbanos y debe quedar claro que, nos guste o no, la Generalitat no tiene competencias para hacer eso. Quieren regularlo deprisa por el tema electoral. Y lo único que puede tener son consecuencias negativas con la actividad del sector del alquiler porque se traduce en menos oferta y más dificultades para acceder a la vivienda".
A raíz de la noticia de este diario, también existen reacciones políticas. Josep Rull, de Junts, a través de la red X: "El Gobierno del Estado, del PSOE y Podemos (Comunes), y con el apoyo de ERC, aprobó una Ley de la Vivienda para limitar los precios de los alquileres, una medida que está más que demostrado que reduce y encarece la oferta y, por tanto, perjudica a la gente". Rull también tilda de "despropósito de que un Govern en funciones maquilla con un decreto" la problemática de la vivienda. Y concluye: "Esta Ley, aparte de esventrar las competencias de la Generalitat, tiene graves carencias de su propia lógica restrictiva: olvidó regular los alquileres temporales, lo que ha provocado que muchos alquileres ordinarios pasen a temporales, perjudicando de nuevo mucha gente".
¿A quién afecta el decreto ley?
Hay que subrayar que el alquiler temporal responde a unas necesidades económicas de la gente que trabaja, por ejemplo, como nómadas digitales. Pero hay más perfiles que quedarán excluidos del acceso a un alquiler temporal: personas trabajadoras que estén haciendo obras en su casa y necesiten desplazarse de forma temporal a otra vivienda, acompañar por una operación o tratamientos oncológicos de pacientes que necesitan desplazarse a Barcelona de forma puntual, segundas residencias de alquiler, estudiantes que vienen de forma excepcional durante un periodo de tiempo, entre otros. La lista de supuestos puede ser múltiple.
"Sumamos más inseguridad jurídica"
Lorenzo Viñas, presidente de Administrador de Fincas de Catalunya, también lamenta este decreto ley y admite que tenía constancia de la intención del Govern de publicarlo en los próximos días: "Estamos promoviendo una posición de denuncia ante estas actitudes y hay que moverse a nivel del sector cuanto antes mejor. Las causas de la denuncia que hacemos son obvias: todo lo que sea alterar estos contratos, condiciona el desarrollo del país. No concuerda que mientras el conseller de Empresa, Roger Torrent, trabaja para incentivar la industria y el progreso, la consellera de Territorio, Ester Capella, ponga freno. ¿Qué respuesta tienen que tener los responsables externos de Chery cuando vengan y no encuentren un alquiler de temporada para instaurarse en Barcelona porque su motivación para encontrar una vivienda no es admisible? En paralelo, desde API, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, subrayan el impacto de la inseguridad jurídica que puede crear el hecho de que dos administraciones, en paralelo, estén haciendo propuestas de regulación contractual y piden no priorizar los intereses electorales que pueden perjudicar en un impacto negativo el mercado y crear confusión entre la ciudadanía y los mismos profesionales.
El Sindicato de Inquilinos da el contrapunto
El contrapunto lo pone el Sindicato de Inquilinos. ON ECONOMIA también ha hablado con su portavoz, Enric Aragonès Jové, que ya descarta de entrada los tempos electoralistas: "Este decreto ley es una necesidad, con independencia del cuándo se haga. Nosotros ya pedimos regular el alquiler de temporada mucho antes de la convocatoria de elecciones". Y añade: "Es una buena noticia porque la consellera Ester Capella ya había anunciado la intención del alquiler de temporada y poner fin al fraude que se da, esperemos que se ponga en marcha lo más pronto posible y de forma contundente se ponga freno a esta vía de escape que quiere utilizar la patronal inmobiliaria".
Desde el Sindicato, defienden que todos los inquilinos deben tener garantizado el derecho de la vivienda y ponen de ejemplo, precisamente, que un estudiante se tiene que encontrar una regulación de precios sin honorarios. La patronal inmobiliaria ha anunciado que habría un éxodo masivo hacia el alquiler de temporada sin embargo, desde el Sindicato, lo contradicen porque "a la hora de la verdad eso nos encontramos que no pasa de manera masiva y somos conscientes de que sería de uso fraudulento y ellos saben perfectamente que ante un juez no se aguanta por ningún sitio que se restrinja este tipo de alquiler". Con respecto al acceso que puedan tener extranjeros con rentas más altas que ven en Barcelona la capacidad de instalarse para hacer sus inversiones durante un tiempo determinado, también niegan la mayor: "Este decreto favorecerá que los propietarios dejen de tener ningún tipo de incentivos para echar a un inquilino que tiene el precio regulado igual que lo tendría uno con la renta más alta, o sea, se borra la competencia".