La Guerra de Ucrania ha llevado al Gobierno español, como al resto de los comunitarios, a aprobar planes de apoyo para paliar el efecto económico y social sobre las familias y las empresas. El presidente Pedro Sánchez cifró en diciembre en 45.000 millones el coste de la financiación de las 70 medidas aprobadas para tal fin. Aunque la más importante, por su efecto, ha nacido de un intenso despliegue diplomático para conseguir que Bruselas permitiese a España y Portugal la excepción ibérica para cambiar las reglas del mercado eléctrico comunitario con el fin de minorar el impacto del coste del gas sobre el precio de la electricidad.

Pero no todas la acciones han caída del lado del gasto, pues se han aprobado tres nuevos impuestos de carácter temporal. Los dos primeros gravan a la banca y a las empresas energéticas que, supuestamente, están obteniendo ingresos extraordinarios por la Guerra. El tercero busca la “Solidaridad” de las grandes fortunas, aquellas con un patrimonio superior a 3,7 millones de euros, aunque el motivo real es evitar que las comunidades del PP dejen de cobrar el Impuesto de Patrimonio. A estos tres se suma la reforma del Impuesto sobre Sociedades que establece un gravamen efectivo mínimo del 15% para las grandes empresas. En total, el Gobierno calcula que obtendrá unos 7.500 millones al año, aunque los tres están recurridos en distintas instancias judiciales.

Las medidas se pueden agrupar según los colectivos beneficiados en las sectoriales, las genéricas para todo tipo de familias y empresas, las destinadas a las familias más vulnerables, las energéticas, las de índole fiscal, las de vivienda e incluso algunas de carácter laboral.

De carácter sectorial

Industrias intensivas en el uso del gas y la electricidad. Se ha subvencionado parte del coste de estas energías a las industrias con mayor uso como la fabricación de papel, fibras artificiales, vidrio y cerámica.

Transporte es uno de los sectores más apoyados por el fuerte incremento de los combustibles, con ayudas directas al movimiento de pasajeros y mercancías por carretera, taxis, ambulancias o mudanzas, entre otros. Pero también a las empresas públicas de transporte urbano de pasajeros, pero también con una bonificación temporal del precio de los carburantes. Igualmente se ha apoyado al transporte por ferrocarril y marítimo.

Sector primario. El Gobierno ha aplicado ayudas a la agricultura, la ganadería y la pesca para controlar la subida de los precios de la alimentación por el incremento de las materias primas. Se han otorgado ayudas directas a la producción de leche, carne y cítricos. Igualmente se ha apoyado a los armadores de pesca y a la acuicultura.

Ayudas generalistas

Sn subvenciones a familias y empresas sin distinción de niveles de renta, una de las medidas más criticadas incluso por la Comisión Europea.

La bonificación de 20 céntimos por litro de carburante es la más relevante y se mantuvo desde el 1 de abril al 31 de diciembre, cuando el Gobierno decidió eliminarla. El cálculo del coste, aún sin determinar, es de unos 1.500 millones de euros. A partir de este año, la ayuda al uso de combustible se limita a ciertos sectores. Se ha criticado mucho que se incentive el transporte particular y no se fomente la ahorro.

Transporte público. En respuesta al anterior, se ha subvencionado el transporte público urbano hasta con un 50% del coste, pero también el de cercanías o el transporte interregional por carretera y por ferrocarril, una de las medidas más aplaudidas.

El gas para las calderas se ha subvencionado con la aprobación de nuevas tarifas de último recurso (TUR) del gas natural para las comunidades de propietarios. Pero el atasco de peticiones a las empresas energéticas ha demorado entre uno y dos meses el cambio de tarifa lo que ha llevado a muchas familias a pasar frío.

La subvención de los alimentos es la última ayuda genérica aprobada. En vigor desde el 1 de enero de este año, se ha optado por la desgravación del IVA entre 4 y 5 puntos porcentuales para una quincena de productos que suman el 6% del presupuesto total de una familia. En su primer mes de vigor, la reducción de la inflación anual de la alimentación ha tenido una reducción limitada de tres décimas.

Apoyo familias vulnerables

Frente al apoyo indiscriminado, la Comisión Europea y el Gobierno han optado por las ayudas, generalmente directas, a ciertos colectivos más vulnerables.

Cheque de 200 euros para familias no cubiertas por otras prestaciones. Con dos fases, la primera se limitó a los hogares con unos ingresos inferiores a 14.000 euros y un patrimonio, sin vivienda, que no superase los 43.200 euros. En enero se amplía a 27.000 euros y un patrimonio inferior a 75.000 euros que podría llegar a algo más de cuatro millones de hogares.

Subidas salariales. El Gobierno aprobó un incremento transitario del 15% el año pasado por los perceptores de pensiones no contributivas y los del Ingreso Mínimo Vital y para 2023 se les aplica el 8,4% igual que a los pensionistas. Y, aunque no se considera como una medida por el efecto de la Guerra, el Gobierno ha subido a los trabajadores con el salario mínimo interprofesional el 8%.

Para paliar el coste de la energía, se han prorrogado el bono social de electricidad y el bono energético (calefacción y agua caliente) que suelen ir de la mano con descuentos del 60% para los consumidores vulnerables y el 70% para vulnerables severos. Además, se ha aprobado uno nuevo, bono eléctrico temporal, con un descuento del 40% para los hogares con ingresos entre 1,5 y 2 veces el IPREM .

Tarifa regulada TUR para gas. Al igual que para las comunidades de vecinos, se establece una ayuda directas del 40% para los hogares con consumos inferiores a los 50.000 kWh. El cálculo es que las subvención de la TUR supondrá un coste de 3.000 millones incluyendo a los consumidores individuales y las comunidades de vecinos.

Garantía se suministros básicos. A los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social no se les podrá cortar el suministro de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones por impago.

Medidas energéticas

Bajo este paraguas se agrupan varias medidas, algunas ligadas a la regulación del sector para flexibilizar la transición ecológica, la limitación de los precios máximos de venta de los gases líquidos como el butano, inventivos fiscales para la mejora de la eficiencia energética y el autoconsumo.

El apagado de los escaparates se incluyó en un paquete específico de ahorro energético en climatización con una fuerte contestación empresarial y en menor medida social. Se estableció topes de climatización entre 27 y 19 grados en los locales públicos en plena ola de calor, que exigían una inversión para el cierre de puertas y el apagado de los escaparates a partir de las 22.00 horas.

La excepción Ibérica es la principal medida con efectos en el coste de la electricidad gracias al acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de España y Portugal con la Comisión Europea para la "excepción ibérica" que ha permitido establecer unos límites al precio del gas en la generación de electricidad. Aprobado en mayo, la factura eléctrica empezó una tendencia decreciente desde entonces.

Igualmente se han producido desgravaciones fiscales en el IVA de la electricidad y el gas natural y la supresión temporal del Impuesto de producción eléctrica o la rebaja en los cargos y peajes del recibo de la luz.

Vivienda

Para minorar el coste de la vivienda, el Gobierno ha aprobado límites a la actualización del alquiler de la vivienda, así como una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual. No obstante, algunos propietarios han alegado la necesidad de la casa para un familiar con el fin de romper los contratos y la búsqueda de nuevos clientes a los que aplicar precios más altos. Igualmente el Ministerio de Economía ha firmado una cuerdo de buenas prácticas con los bancos, de carácter voluntario, para aliviar la carga que supone el pago de la hipoteca a hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad ante el incremento del Euribor.

Medida laborales

Se ha prohibido el despido objetivo (con una indemnización de 20 días por año trabajado) por causas ligadas a la guerra de Ucrania, siempre que la empresa se hubiese acogido previamente a un Erte con bonificaciones en las cuotas sociales. En principio, la prohibición no sería tal, sino que el juez puede declarar el despido improcedente, elevando la indemnización a 33 días.