Apenas un día después de que Naturgy abriera la lata de los resultados anuales de las energéticas, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha anunciado este jueves su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario decretado por el Gobierno de España. Estas empresas, como los bancos, no vieron con buenos ojos la entrada de un impuesto que, de cara a varios presidentes y conejeros delegados de estas compañías, no es justo. Cabe destacar que el tributo gubernamental tiene una vigencia de dos ejercicios.

En esta ocasión ha sido la Aelec, formada por las eléctricas Iberdrola, Endesa y EDP las que han movido ficha y han presentado un recurso contra lo que muchas de ellas denominan un ‘impuestazo’. Estas tres compañías tildan de “discriminatorio e injustificado” este gravamen, que se aplica sobre los ingresos no regulados en territorio nacional, con un tipo del 1,2%.

Una penalización a un “sector clave”

Para Aelec, la prestación “penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético”, y es incoherente desde el punto de vista fiscal, ya que “grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros por megavatio hora”. El recurso, que puede entender como una nueva crítica hacia el impuesto extraordinario a las energéticas, llega un día después de que la empresa liderada por Francisco Reynés declarará unas ganancias de 1.649 millones de euros, y en el mismo día en el que Repsol ha anunciado unos beneficios de 4.251 millones de euros.

Pese a que estas dos compañías no llevan a cabo el mismo negocio que Iberdrola, Endesa y EDP, también entran en el saco de las empresas afectadas por el impuesto extraordinario. El presidente de Naturgy calculó en aproximadamente el pago por el tributo gubernamental. En el caso de la firma liderada por Jon Josu Imaz, esta deberá afrontar un pago de 450 millones de euros.

Pese a ello, ninguna está a favor de ello. De hecho, Reynés expresó que “ningún Gobierno debe atacar a una compañía por ganar dinero”, apelando a todos los beneficios que generan las empresas al país.

En el comunicado de Aelcec, la asociación incluye que este tributo afecta “incluso” a conceptos que el Gobierno de España factura a través del sector eléctrico, que no aportan beneficio alguno a estas compañías. Además de ello, el ente del que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP lamenta que la fórmula aplicada por España sea sobre los ingresos y no sobre los beneficios, como en Europa.

Un impuesto que no afecta a todas las energéticas

Aelec sostiene que el impuesto a las energéticas genera discriminación “porque solo un determinado número de empresas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas”.

Este recurso llega un día después de que la patronal bancaria española anunciara su recurso contra su respectivo impuesto extraordinario.

Parece claro que el sector energético no está a favor del impuesto propuesto por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Las eléctricas y petroleras afectadas han tomado una postura similar a la de los bancos, los cuales también deben hacer frente al impuesto. Los máximos mandatarios de las entidades bancarias dejaron claro que pagarían el tributo, pero después lo recurrirían. Algunos como Dancausa u Oliu expresaron que el tributo era “arbitrario”.

Pese a las repetidas quejas, la banca ya ha hecho frente al pago del impuesto extraordinario. Ahora, en plena temporada de anuncios de resultados de las energéticas, la Aelec ha presentado un recurso contra un tributo con el que el Gobierno pretende recaudar unos 2.000 millones de euros para financiar medidas sociales frente a la subida de tipos y de la inflación.

Este impuesto es temporal, pues gravan los resultados de 2022 y 2023 y se pagan en 2023 y 2024. Pese a ello, la propia normativa prevé a posibilidad de convertirlos en permanentes.