Bruselas ha puesto fecha límite a la prórroga de la excepción ibérica que solicitaron España y Portugal recientemente. La Comisión Europea ha trasladado a ambos países que la extensión de esta medida que persigue ahorrar en el precio de la energía no puede ir más allá del 31 de diciembre de este año. La semana pasada, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció que la intención del Gobierno era prolongar hasta mayo de 2024 esta medida, algo que finalmente no ocurrirá.
El organismo europeo, a través de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, trasladó a Ribera y al ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, en la reunión que mantuvieron este miércoles, que estudian prorrogar el mecanismo ibérico hasta final de 2023.
Si bien la norma, aprobada por la Comisión en junio de 2022, caducaba el próximo 31 de mayo, es en diciembre cuando expira el marco temporal de las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania, por lo que mientras la Unión Europea no lo modifique, Portugal y España podrán seguir beneficiándose hasta dicha fecha de la denominada excepción ibérica.
En cualquier caso, la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre que Bruselas ha trasladado a España y a Portugal es un límite establecido en la reunión de este miércoles y cabe la posibilidad de seguir negociando. Las conversaciones entre ambas partes continúan y todavía no hay nada decidido.
Se trata del mecanismo que topa el precio del gas para la generación de electricidad con el fin de abaratar el precio de la luz. La medida, aplicada en España y Portugal desde el pasado 15 de junio, ha topado el precio del gas a 40 euros/MWh durante los seis primeros meses.
A partir de este nivel, se incrementa en 5 euros/MWh al mes hasta mayo, cuando finalizaba su vigencia. Sin embargo, ahora la vigencia será hasta diciembre. Según apuntó la ministra recientemente, estas medidas de contingencia aplicadas en España para hacer frente a los altos precios de la energía han supuesto un ahorro de hasta 4.500 millones de euros para los consumidores.
España propuso a Bruselas contratos de energía a largo plazo
La semana pasada, Teresa Ribera también anunció la propuesta para reformar el mercado energético europeo que enviarían desde el Gobierno a Bruselas. El plan del Ejecutivo español en este caso pasaba por una reforma del mercado mayorista de la electricidad en la Unión Europea basado en la compra de energía con contratos a largo plazo para reducir la volatilidad y el precio de la electricidad.
De esta manera, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) aseguró que, puesto que la inmensa mayoría de la energía se contrata en mercados a corto plazo, esta medida podría aliviar los elevados precios que se dan. En este sentido, además de reducir la volatilidad, el objetivo de la reforma sería impulsar las energías renovables a través de la fijación de precios a largo plazo para la energía nuclear e hidráulica.
De esta forma se evitarían los actuales "beneficios caídos del cielo" de estas tecnologías, según la ministra. Cabe destacar que, cuando se diseñó el mercado energético hace 20 años, las renovables solo representaban el 10% del mix total. Una cifra que ha aumentado considerablemente hasta alcanzar en la actualidad el 50% y que se prevé que lleguen al 75% para el año 2030.
Es por ello que Ribera destacó que la intención del Gobierno es de "apostar por un modelo de energías renovables con costes operativos bajos, que benefician al consumidor medio, no solo a los productores". España fue el primer país en enviar a Bruselas una propuesta sobre la reforma del mercado energético, que desde el Gobierno esperan que esté resuelta para finales de 2024.