El Banco de España no se cree las previsiones de déficit público que maneja el Gobierno español, ni para este año, de un 3%, ni para los dos próximos, del 2,7% y el 2,5% respectivamente. Al menos, con la información que dispone en estos momentos. Se suma, así, al escepticismo mostrado ya por Airef.  El regulador bancario se muestra mucho más pesimista con las cuentas públicas y cifra en el 3,5% del déficit no solo para el presente año, sino también para el 2025 y el 2026, según las proyecciones macroeconómicas de España 2024-2026 dado a conocer este martes por el Banco de España. No obstante, fuentes de la entidad financiera matizan que su previsión de déficit se ha realizado sin conocer las medidas fiscales que, entienden, deberá acometer el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los próximos años para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea (CE) de reducir el déficit al 3% ya en 2025.

La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos advierte, pues, que “en ausencia de medidas fiscales adicionales, en los próximos años, el déficit público se situaría en el entorno del 3,5%, con un déficit estructural próximo al 4%, mientras que la deuda pública se mantendrá por encima del 105% del PIB”. Según sus nuevas previsiones, en 2024 la deuda pública equivaldrá al 106,5% del PIB (1,65 billones de euros), para subir al 107,2% en 2025 y el 108,4% en 2026. Una dinámica totalmente opuesta a la del Ejecutivo de Sánchez, que va de más a menos, arrancando en un 109,1% del PIB en este año (tres puntos porcentuales superior a la proyección del Banco de España), para reducir al 107,9% en 2025 y al 106,8% en el siguiente año (1,5 pp por debajo del Banco de España).

Déficit de 2023

Respecto a la reducción del déficit del pasado 2023, los economistas del regulador financiero lo achacan a un crecimiento de la recaudación de los impuestos en el entorno del 8,5%, aunque resalta “residuos fiscales negativos” en impuestos indirectos, en concreto el IVA y a un menor avance de los gastos públicos, que aun así crecen alrededor del 6,5%, “afectados por la revalorización de las pensiones y por el dinamismo del consumo público”. Respecto a la deuda pública, se colocó algo por encima del 107% del PIB.

Y dependiendo de qué medidas adopte el Consejo de Ministros para cumplir con las nuevas reglas de gasto y en qué plazos (entre 4 o 7 años), el Gobierno deberá realizar un ajuste de entre el 0,4% y el 0,6% del PIB (entre 6.200 y 9.250 millones de euros), en opinión del Banco de España. Lo que redundará en un recorte en las previsiones de crecimiento del PIB, no solo del Banco de España, aunque el impacto variará dependiendo de si se recorta el gasto público y si este recorte se realiza en inversión o en gastos corrientes o, sí, por el contrario, se opta por incrementar ingresos con reformas fiscales, que también tendría impactos diferenciados si se incide más en tributos indirectos o directos.

Consumo público

Por de pronto, las proyecciones macroeconómicas del Banco de España consideran que el consumo público va a crecer muy por encima de lo que se recoge en los presupuestos generales del Estado, que prevén una contención del crecimiento del 0,2%, y las previsiones de otoño de la Comisión Europea, que cifra el aumento del consumo público en el 0,3%. Previsiones que en opinión del gabinete de análisis de regulador financiero son excesivamente optimistas, pues según sus cálculos, el consumo público crecerá, con los datos que maneja a finales de febrero, un 1,5%. No obstante, fuentes del Banco de España matizan que las previsiones del Gobierno y de la CE se han podido quedar desfasadas, pues las primeras son de octubre y las segundas de noviembre. De hecho, el Banco de España ha rehecho sus previsiones de forma contundente en tan solo tres meses.

Uno de los motivos que lleva a recalcular el consumo público tiene que ver con la decisión del Gobierno español de prorrogar algunas medidas antiinflación a partir del 1 de enero. En diciembre, las proyecciones del Banco de España daban por hecho que algunas de las medidas desaparecerían por completo, en concreto que el IVA de la electricidad y del gas volverían a sus orígenes del 21%, y descontaban que se prorrogaría medio año el descuento del IVA de los 15 productos alimenticios subvencionados y que se mantendrían los descuentos en el transporte durante todo 2024. Con este escenario, el Banco de España calculó en diciembre -antes de conocerse las medidas- que el coste sería equivalente al 0,4% del PIB (unos 6.200 millones de euros).

Sin embargo, el Gobierno decidió mantener parte de las ayudas a la electricidad, elevando el IVA del 5% al 10%, pero sin llegar al 21%, al igual que el gas. Una decisión que encarecerá el coste en dos décimas del PIB, hasta los 9.250 millones de euros. No obstante, la bajada del precio de la electricidad, que este fin de semana ha marcado mínimos desde hace más de una década, podría reducir el impacto de la prórroga de las ayudas. Primero, porque el IVA es más caro, mientras más cara es la factura y, muy especialmente, porque la prórroga prevé que si el precio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa, en media, por encima de los 45 €/MWh, el IVA, en vez de ser el 10% actual, volverá al 21%.