La Fiscalía General del Estado reclama una reforma urgente de la normativa de prevención de riesgos laborales después de que en 2024 hayan aumentado los accidentes mortales en el trabajo y los procedimientos abiertos por homicidio imprudente.

En su última memoria, el Ministerio Fiscal recoge que en 2024 fallecieron 585 personas asalariadas en accidentes durante su jornada de trabajo, 77 más que en 2023. La incidencia de la mortalidad por cada 100.000 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social ha subido un 12,2%, frente a la caída del 2,2% de las lesiones leves y graves.

El sector servicios es el que cuenta con un mayor número de fallecidos (299), seguido por la construcción (123), la industria (109) y el sector agrícola (54). El elevado número en el sector servicios está relacionado con los accidentes de tráfico, si bien es el sector con la incidencia más baja por cada 100.000 trabajadores, frente a la que presentan la construcción y la agricultura.

En 2024, también hubo un aumento relevante del número de procedimientos abiertos por homicidio imprudente grave, que pasaron de 186 a 215, un 15% más respecto a los incoados en 2023.

La Fiscalía subraya que no se puede olvidar que cada una de las víctimas tiene "una historia de dolor y pérdida". Y recuerda al gran número de personas que durante de la dana de Valencia perdieron la vida in itínere (al ir o volver del trabajo), cuyos familiares se enfrentan "a un proceso largo y complejo para acreditar esa realidad".

El sector de la construcción ha sido de nuevo el que ha concentrado un mayor número de escritos de acusación (176), en tanto que las causas de los siniestros tampoco cambian, con situaciones como caídas, atrapamientos y golpes que podrían ser evitados.

En la mayoría de los casos las personas acusadas son los administradores de las empresas o mandos intermedios, como encargados y jefes de obra.

Sentencias condenatorias

En 2024, los juzgados de lo penal dictaron 371 sentencias, de las que 8 de cada 10 fueron condenatorias, elevándose el plazo medio para obtener un fallo a 6 años y 1 mes desde el año en que ocurrió el accidente.

De nuevo la Fiscalía hace autocrítica al referirse a "la anomalía" que supone que una de las sentencias dictadas el pasado ejercicio tuviera por objeto un accidente de 2006, cifra que se eleva a 47 cuando se contabilizan las sentencias en las que el hecho enjuiciado acaeció entre 2006 y 2014. Como consecuencia de ello, tanto las penas como las indemnizaciones fijadas "quedan absolutamente devaluadas".

Reformas legislativas

Ante este panorama, la Fiscalía General del Estado plantea una reforma urgente de la normativa de prevención de riesgos laborales para adaptarla a un tejido empresarial con un 99% de pymes. En su última memoria pide que se contemplen riesgos pendientes de afrontar en el mundo del trabajo como los psicosociales o las enfermedades profesionales.

Un año más, la memoria incide en que los siniestros mortales que llevan a abrir diligencias previas podrían haberse evitado con la prevención y las medidas de seguridad adecuadas.

También destaca que los hechos probados de las sentencias dictadas en 2024 tienen en común que propietarios, administradores y gerentes de pequeñas empresas condenados no tienen interiorizado que la prevención forma parte de sus tareas esenciales y perciben exclusivamente como un coste la inversión en seguridad y salud para sus empleados.

La mesa de diálogo social tripartita (Gobierno, patronal y sindicatos) para reformar la ley de prevención de riesgos laborales, que es de 1995, lleva un año y medio abierta con el objetivo de incorporar nuevas realidades laborales, como los riesgos psicosociales, las emergencias climáticas o el mundo digital.