La falsa temporalidad está en el punto de mira de la Inspecció de Treball de Catalunya, que depende del Departament d'Empresa i Treball, ha comunicado a 8.238 empresas catalanas que deben revisar los contratos de 17.068 personas para corregir posibles fraudes de ley. 

Este mes de noviembre, los inspectores han enviado 4.469 avisos y el pasado mes de abril enviaron 3.769 más, para que se revisen los contratos de 17.068 trabajadores que podrían ser irregulares en las 8.238 empresas investigadas. Deben corroborar que cumplen la normativa y, si no lo hacen, corregir las irregularidades de manera inmediata. 

Según el comunicado del Departamento de Trabajo, hasta 4.539 empresas deben revisar 10.132 contratos temporales para corroborar que no están en fraude de ley y 3.699 más deben hacer lo mismo con el fin de comprobar si 6.936 contratos fijos discontinuos de hecho lo son o bien deberían ser indefinidos. 

Aquellas empresas que no revisen y regularicen los contratos, en caso de irregularidad, recibirán una sanción por parte de la inspección. Esta misma actuación hizo que el pasado mes de abril 2.949 contratos irregulares se convirtieran en indefinidos, entre los cuales había 1.628 fijos discontinuos (un 45,91%) y 1.321 temporales (un 40,50%). 

La Inspección investiga también las jornadas parciales irregulares y ha enviado 13.489 cartas a empresas que tienen un elevado nivel de personas contratadas con jornadas parciales, hasta 34.356. 

El secretario de Trabajo, Paco Ramos, ha defendido que "la Inspecció de Treball de Catalunya vela tanto por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, combatiendo la precariedad y la discriminación de los colectivos más vulnerables, como también procura la protección de las empresas que cumplen la ley, que son la mayoría, luchando contra el fraude y la competencia desleal". "Por todo ello, la Inspección es una herramienta clave para la ciudadanía y el tejido productivo del país", ha añadido. 

Un programa de big data ha ayudado a seleccionar las empresas que podrían estar incurriendo en irregularidades ante los indicios de que no se cumple la normativa laboral en materia de contratación. 

El Estatuto de los Trabajadores exige que la causa temporal se especifique de manera precisa en los contratos. Si no se hace, el contrato se convierte automáticamente en indefinido por ley. Las sanciones van de los 1.000 a los 10.000 euros por contrato y la temporalidad máxima permitida es de doce meses cuando es un contrato eventual por circunstancias, de 2 años y es formativo y mientras dure la ausencia en los contratos temporales de sustitución. La reforma laboral del pasado 2021 eliminó la posibilidad de hacer de manera discrecional contratos de obra y servicio de hasta dos años y el encadenamiento que se daba, así como puso nuevos límites temporales con el fin de promover la contratación fija, que se ha disparado en los últimos años.