La financiación autonómica está ligada a la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos. Bajo esta precisa, los economistas abogan porque la recaudación fiscal estatal, actualmente en manos de la Agencia Tributaria (AEAT) -dependiente del Gobierno español- se transforme en una agencia “realmente compartida de 15+1”, en relación con las 15 comunidades autónomas con régimen fiscal común (todas a excepción de Navarra y País Vasco, por su régimen foral) más la Administración Central. Una medida unánime que se ha expresado en una jornada sobre Fiscalidad y Financiación Autonómica coorganizada por el Colegio de Economistas de España y el think tank económico Fedea.
En la jornada han participado cuatro de los economistas que más saben de financiación autonómica en España: Diego Martínez López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, y Valentín Pich, presidente del CGE. Todos ellos han rechazado las cláusulas de excepción solicitada por ERC y Junts por la que se cedería a Catalunya la totalidad de los impuestos.
Entienden que supondría “una quiebra de la equidad entre personas que viven en territorios diferentes e impediría llevar a cabo políticas sociales uniformes en todo el país”. Y, respecto a la fiscalidad de los territorios forales, igualmente coinciden en que, sin poner en duda la constitucional de estos regímenes, lo que no funciona correctamente es su funcionamiento, pues entienden que la contribución de Navarra y del País Vasco a la solidaridad debe ser mayor. ¿Cuán mayor? De la Fuente no ha querido entrar a dar una cifra, pero sí ha dicho que “muchísimo mayor” a la que actualmente aportan. Los participantes matizan que si se reforma el actual sistema de financiación autonómica, algo fundamental, pero no se resuelven las diferencias entre las comunidades del régimen común y las forales, el nuevo sistema no será duradero, “pues siempre habrá una comunidad que pida las mismas condiciones que los territorios forales”.
Cogestionar los impuestos
La posición de los economistas, representados por Fedea y el Colegio General, se acerca más a las tesis defendidas por el PSC y Comuns Sumar durante la campaña electoral para las elecciones catalanas, de ahondar en un modelo compartido de la gestión financiera. Aunque desde Catalunya se aboga por un modelo bilateral, entre el Estado y la Generalitat, mientras que los economistas apuestan por la participación de todas las comunidades autónomas del régimen común.
“Lo ideal sería una administración tributaria única pero realmente compartida. Trocear la AEAT sería un disparate tanto por razones de eficiencia como por motivos políticos, pero las comunidades autónomas deberían tener acceso a la información necesaria para gestionar su parte de los impuestos y cierto poder de decisión sobre la gestión en su territorio, por ejemplo, en el diseño de los planes de inspección”. El director del Instituto de Economía de Barcelona rechaza “un sistema de financiación distinto para Catalunya inspirado en el sistema foral. De ser así, el Gobierno central dejaría de tener poder normativo sobre los impuestos pagados en Catalunya, que supondría complica el conjunto del sistema fiscal”.
Arrancar sin las 15 CCAA
Durán defiende profundizar en la corresponsabilidad y la gestión compartida, a través de un organismo en el que participen las 15 comunidades, aunque es consciente de que territorios como Catalunya están interesados en participar en la recaudación y gestión de los impuestos, pero que hay otras comunidades que no estén por la labor. En este sentido, considera interesante avanzar en la transformación de la AEAT en un organismo de cogestión, al que se sumen en una primera fase los territorios interesados, con la esperanza de que, una vez testado su eficiencia, se vaya sumando más ejecutivos autonómicos. Pero como el resto de los participantes en el debate, es partidario de “repartir la responsabilidad entre administraciones”, por ejemplo, en la gestión e inspección, pero “no dividir en agencias, por economía de escala”. Los inspectores fiscales también han mostrado su oposición de trocear la Agencia Tributaria, pues se perdería eficiencia en la lucha contra el fraude.
Por su parte, el catedrático de la universidad sevillana Pablo de Olavide, defiende la necesidad de avanzar “en una gestión más integrada de las agencias tributaria, estatal y regionales”. Y, como los otros contertulios, rechaza un modelo de financiación específico para Catalunya: “Supondría una quiebra de la equidad entre personas que viven en distintas comunidades -inconstitucional, por tanto, según su parecer,- pues recibirían prestaciones de servicios públicos más ligadas a su capacidad fiscal que a sus necesidades”. Y, provocaría, reflexiona, competencia fiscal y fomentaría que otras comunidades, en referencia a Madrid y Baleares, quisiesen seguir los pasos de Catalunya.