El único debate económico de la campaña de las elecciones del 12 de mayo ofrecido por un medio de comunicación, ON ECONOMIA, se ha celebrado este lunes con pocas propuestas concretas y rifirrafes sobre la ampliación del aeropuerto y el Hard Rock, uno de los temas que precisamente provocó que no se aprobaran los presupuestos de la Generalitat para este año y que, como consecuencia, el presidente Pere Aragonès decidiera adelantar las elecciones.
ON ECONOMIA, el Debate. Modelo económico, modelo de país, ha contado con la participación de Alícia Romero por el PSC, Natàlia Mas por ERC, Josep Rull por Junts, Laure Vega por la CUP, Juan Carlos Gallego por Comuns-Sumar y Santi Rodríguez por el PP. Lo ha moderado Xavier Alegret Vélez, director adjunto de ON, en el plató de las instalaciones del Grupo Les Notícies de Catalunya y se ha podido seguir también desde de ElNacional.cat, así como desde su cuenta de Youtube y las redes sociales de los portales del grupo.
La necesidad de aumentar la oferta pública de vivienda para garantizar el acceso a unos precios más asequibles, de dotar de más recursos las finanzas de la Generalitat con un nuevo modelo de financiación autonómica, y de reducir y simplificar la burocracia y la normativa para atraer empresas e inversiones han sido los principales puntos de consenso entre las formaciones. En este último punto, Rull (Junts) ha propuesto que cuando se hagan gestiones con la administración, “prevalezca el silencio administrativo positivo” para las empresas. Por su parte, tanto PSC como PP han recordado que las empresas “quieren estabilidad”.
Más oferta de viviendas públicas
A pesar de compartir la diagnosis, han aparecido discrepancias en el “cómo”. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, el principal problema de la mayoría de ciudadanos, todos los partidos se han mostrado partidarios de construir más pisos, excepto la CUP, que cree que no hacen falta más, hay que facilitar el acceso. Es uno de los pocos puntos donde ha habido propuestas concretas, pocas. Alícia Romero (PSC) se ha comprometido a construir 50.000 viviendas “en los próximos años” y a ofrecer 50.000 más a través de la compra, reforma y rehabilitación. Mas (ERC) ha recordado el reciente acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para destinar 500 millones de euros a políticas de vivienda, y a construir 10.000 pisos de alquiler hasta el 2026. Rull ha recordado que la ley española de vivienda, impulsada por el PSOE con el apoyo de ERC, retira competencias y se muestra contrario a limitar los precios, mejor reactivar el sector acortando plazos y procesos urbanísticos. Tampoco quiere topes el PP, que anima a la administración catalana a que ejecute sus competencias y amplíe la oferta de vivienda pública.
Comuns-Sumar y CUP proponen también políticas y medidas impositivas para que los pisos vacíos, en manos de grandes tenedores y de fondos buitre, los pongan en el mercado. Para Juan Carlos Gallego, igual que para Natàlia Mas, los pisos de uso turístico y de alquiler de temporada lastran la oferta y los precios y hace falta la regulación.
Junts y PP proponen bajar impuestos
Otro punto de consenso ha sido la necesidad de que Catalunya disponga de más recursos, un nuevo modelo de financiación más justa, transparente y que garantice el ordinalitat. Para ERC y Junts la clave es que Catalunya pueda recaudar el 100% de los impuestos y que después pacte la cuota que paga al Estado en concepto de solidaridad, un modelo parecido a los de Euskadi y Navarra. El PSC y los Comuns recuerdan que, mientras se pacta un nuevo modelo, se puede poner en marcha el Consorcio Tributario compartir con el Estado de forma paritaria, tal como recoge el Estatuto. El PP es el único partido que se ha referido al modelo en clave española: “es mejorable, sí, porque hay comunidades autónomas que no cubren los servicios públicos esenciales. Hace falta mejorar la financiación, pero sin privilegios”, ha dicho Rodríguez, lo contrario de lo que su formación defiende en los dos territorios vascos. Romero ha apelado a la “unidad” de Catalunya en los puntos de consenso para negociar el nuevo modelo con el Estado.
Con respecto a la fiscalidad, el eje derecha-izquierda ha predominado por encima del eje nacional. Así, tanto PSC como especialmente Comuns-Sumar han recordado que la presión fiscal está por debajo de la media europea, ERC no se ha mojado demasiado y ha recordado que no ha subido ningún impuesto y que ha rebajado el IRPF en determinados tramos. Mientras que Junts y PP se han mostrado partidarios de rebajarlos. Rull ha puesto énfasis al eliminar sucesiones, patrimonio, deflactar el IRPF e “impulsar una sacudida al impuesto de sociedades”. Rodríguez también ha pedido que se reduzca el IRPF para las rentas inferiores a los 45.000 euros. Por su parte, la CUP se ha mostrado partidaria de subir los impuestos “al 10% de las rentas y empresas más ricas”.
El aeropuerto y el Hard Rock por la cabeza
Las mayores discrepancias y disputas han llegado en el capítulo de infraestructuras. PSC y Junts coinciden en qué hay que ampliar el aeropuerto para que sea un hub internacional, todo lo contrario que Comuns y la CUP, que ponen por delante el respeto por el medio ambiente. Gallego es más partidario de un modelo que conecte los tres principales aeropuertos catalanes (Barcelona, Girona y Tarragona) y favorezca el reequilibrio territorial. ERC defiende que la propuesta que el gobierno de la Generalitat en funciones ha puesto recientemente sobre la mesa está avalada por varios expertos y es la más “equilibrada”, mientras que Santi Rodríguez le ha recordado que “la ha descalificado todo el mundo”. Rull ha recordado que tan importante como ampliar la infraestructura es poder gestionarla para que “los vuelos internacionales y las escalas no dependan de Madrid”.
Con respecto al Hard Rock, ERC ha acusado tanto al PSC como a Junts de “condicionar” los acuerdos presupuestarios a este proyecto, un centro de ocio que los republicanos rechazan, igual que la CUP y Comuns-Sumar. Para el PSC se trata de dar seguridad jurídica en las empresas, no de ir cambiando las reglas de juego a medio partido, y ha recordado que es un proyecto iniciado por Convergència en el 2012 y cuya licencia dio ERC cuando ostentaba la vicepresidencia económica de la Generalitat. ERC se ha mostrado favorable, siempre y cuando se modifique al alza la fiscalidad del proyecto.