La desindexación es una norma que impide que los precios de los contratos públicos se actualicen automáticamente en función de índices generales como la inflación (IPC) o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Precisamente, la Ley de Desindexación de la Economía Española se aprobó en 2015 para evitar que los precios públicos subieran en cadena cada vez que subía un índice general. Pero el Gobierno tiene previsto presentar este lunes una propuesta para “flexibilizar” la desindexación de los contratos públicos, que forma parte del eventual acuerdo con los agentes sociales para incrementar el SMI en un 3,1% en este 2026.

Tanto Yolanda Díaz, titular de Trabajo, como Carlos Cuerpo, de Economía, han indicado en los últimos días que han estado negociando una propuesta para modificar la ley de desindexación con el objetivo de permitir que la subida del SMI se pueda trasladar, en alguna medida, a los contratos públicos. Esta es una reclamación de la CEOE desde hace muchos años, aunque queda por ver si será suficiente para que se sumen a un acuerdo sobre el incremento del SMI.

El Gobierno pondrá este lunes su propuesta de desindexación sobre la mesa del diálogo social. Desde la patronal se considera indispensable permitir indexar los contratos públicos al nuevo salario mínimo. Recuerdan que es algo que el ejecutivo ya se comprometió a explorar hace más de cinco años.

En muchos contratos públicos, los salarios son el principal coste, que puede alcanzar incluso el 90% del total en sectores como la limpieza, la restauración colectiva o los cuidados a personas. Si se incrementa el SMI sin contemplarlo en el contrato de la concesión, supone un impacto para las empresas.

En declaraciones a Efe, desde la patronal alianzAS se apunta que el cambio beneficiaría a un sector que emplea a 1,5 millones de trabajadores y que representa el 2,25 % del PIB. Esta patronal de servicios agrupa a empresas que dan servicio a la administración pública para el mantenimiento de edificios, restauración colectiva, atención a mayores, a dependientes y domiciliaria, gestión de instalaciones deportivas, atención al cliente, centros especiales de empleo y servicios energéticos. Las grandes centrales sindicales también están a favor de este cambio que, en su opinión, debe formar parte del incremento del SMI.

Se prevé que entre las propuestas de Trabajo que presente este lunes se incluya un compromiso para modificar la legislación para impedir que los complementos salariales puedan ser absorbidos o compensados para neutralizar la subida del SMI, un aspecto que reclaman los sindicatos, pero discute la patronal. Los sindicatos se han mostrado firmes en su defensa, ya que ven la oportunidad de abordarlo en paralelo en la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, que confían que se pueda aprobar en el mismo Consejo de Ministros que de el visto bueno al SMI para 2026.