La evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España durante la última década refleja un cambio profundo en la manera en que el Estado visualiza la política salarial y su función dentro del modelo social y económico. Tras años de incrementos muy moderados, casi simbólicos, el SMI ha experimentado un crecimiento acelerado a partir de 2018, hasta situarse en los 1.184 euros mensuales en 2025.
Este recorrido no es solo una sucesión de cifras, sino el resultado de un conjunto de transformaciones económicas, sociales y políticas que han redefinido el papel del salario mínimo. Entre 2015 y 2017, el SMI creció de manera contenida. En 2015 se situaba en 648 euros mensuales; en 2016 subió ligeramente hasta los 655 euros, y en 2017 dio un salto algo más visible hasta los 707 euros.
Aun así, estos incrementos seguían siendo modestos y respondían a una lógica de prudencia salarial heredada de la crisis financiera de 2008. En aquel contexto, la prioridad de las políticas públicas era evitar cualquier medida que pudiera afectar negativamente al empleo, en un mercado laboral marcado por una tasa de paro elevada y una capacidad de negociación muy limitada por parte de los trabajadores. El 2018 marca un punto de inflexión.
Ese año, el salario mínimo subió hasta los 735 euros, pero sobre todo cambió el discurso que lo rodeaba. A partir de entonces, el SMI deja de ser percibido únicamente como un mínimo legal de referencia y pasa a ser interpretado como una herramienta redistributiva. El objetivo es acercarlo progresivamente al 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa. Este giro explica el salto brusco que se produce en 2019, cuando el salario mínimo pasa de los aproximadamente 736 euros a los 900 euros mensuales en un solo año.
La recuperación económica y la mejora del mercado laboral
Este aumento significativo no se produce por casualidad. A partir de 2014 y 2015, la economía española entra en una fase de recuperación tras los años más duros de la crisis. La reducción progresiva del paro y el aumento de la ocupación, especialmente en sectores como la hostelería o los servicios, generan un contexto en el que las subidas salariales se perciben como más asumibles. Con un mercado laboral más reforzado, el margen para incrementar el SMI sin miedo inmediato a una destrucción masiva de empleo se amplía.
Paralelamente, crece la conciencia social sobre el aumento de la desigualdad salarial. A pesar de tener trabajo, una parte importante de la población ocupada no consigue alcanzar un nivel de vida considerado digno. Esta realidad, acentuada tras la crisis de 2008, genera una presión creciente para corregir las desigualdades. En este contexto, el SMI se presenta como una herramienta directa para reducir desigualdad y elevar los salarios más bajos sin tener que pasar necesariamente por una negociación colectiva que, en muchos casos, se ha visto debilitada.
La pérdida de fuerza de la negociación colectiva, especialmente tras la reforma laboral de 2012, es otro factor clave. Con convenios colectivos menos capaces de garantizar incrementos salariales suficientes, el salario mínimo adquiere un papel central como suelo efectivo para muchos trabajadores. La presión sindical para impulsar subidas del SMI contribuye a consolidarlo como un instrumento compensatorio ante la debilidad negociadora de los salarios bajos.
Tras el gran salto de 2019, la tendencia alcista se mantiene. En 2020, el SMI se eleva hasta los 950 euros; en 2021 llega a los 965 euros, y en 2022 alcanza por primera vez la barrera psicológica de los 1.000 euros mensuales. En 2023 continúa aumentando hasta los 1.080 euros, en 2024 se sitúa en 1.134 euros y en 2025 llega a los 1.184 euros. Este crecimiento sostenido consolida el cambio de modelo iniciado a finales de la década anterior.
La huella de la pandemia
El contexto europeo también influye en esta evolución. Durante años, España ha tenido un salario mínimo relativamente bajo en comparación con otros países de la Unión Europea. Las recomendaciones comunitarias en favor de salarios mínimos adecuados y de la cohesión social, así como la aprobación de la directiva europea sobre salarios mínimos en 2022, refuerzan el contexto que valida los incrementos.
A partir de 2021, un nuevo factor entra con fuerza en la ecuación: la inflación y el aumento del coste de la vida. El encarecimiento de la energía, de la vivienda y de los alimentos afecta de manera especialmente intensa a las rentas más bajas. En este escenario, las subidas del SMI ya no se justifican solo como un incremento del salario, sino como una medida para proteger el poder adquisitivo. Sin estos ajustes, el salario mínimo habría perdido valor real, agravando aún más la situación de los trabajadores con menores ingresos.
La pandemia también deja una huella duradera. La implementación de los ERTE y la mayor intervención del Estado en el mercado laboral consolidan un cambio de mentalidad: la asunción de un rol más activo de la administración en la protección social. En este marco, el SMI se integra plenamente en una lógica de Estado protector más fuerte, en la que la seguridad económica de los hogares con menos recursos se convierte en una prioridad. Todo ello ha convertido el salario mínimo en uno de los ejes centrales del debate político.
Las subidas del SMI generan polarización: mientras algunos sectores las defienden como una herramienta esencial para garantizar la dignidad salarial, otros alertan de los posibles riesgos para las pequeñas y medianas empresas y para el empleo. A pesar de esta confrontación, los incrementos se han mantenido año tras año. El resultado es un consenso que parece difícil de modificar: congelar o reducir el salario mínimo ya no es una opción viable.
Así, la evolución del SMI entre 2015 y 2025 muestra mucho más que una sucesión de subidas. Refleja un cambio estructural en la manera en que España afronta las desigualdades salariales, el papel del Estado y la relación entre crecimiento económico y cohesión social. El salario mínimo ha dejado de ser un simple elemento legal para convertirse en una pieza central de la política social.