El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este lunes en el Congreso que la actuación del Gobierno en la opa del BBVA al Banco Sabadell sienta un "precedente" para que en este tipo de operaciones se defienda el interés general y al mismo tiempo se genere valor para los accionistas. En la réplica a los grupos parlamentarios, el ministro ha dicho: “Lo que estamos poniendo sobre la mesa es la creación o la generación de un precedente según el cual se puede generar valor para los accionistas de ambas entidades, sin que ello vaya en detrimento del interés general. Es decir, que el valor que conlleve esta operación no venga única y exclusivamente de razones de sinergias, entre comillas, malentendidas, como pueden ser las asociadas a despidos o cierre de oficinas”.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía para dar cuenta de varios asuntos, los grupos parlamentarios han preguntado a Carlos Cuerpo por el expediente sancionador de la Comisión Europea a España por la legislación que ha utilizado el Gobierno para poner condicionantes a la opa. En Bruselas piensan que el Gobierno tiene a su disposición una legislación que le permite imponer condicionantes a operaciones de este tipo que pueden ir más allá del interés general, algo que, según la Comisión, no estaría alineado con el Derecho de la UE por interferir en competencias exclusivas del Banco Central Europeo.
Sin embargo, el ministro de Economía ha defendido que la actuación del Ejecutivo se ha basado únicamente en el interés general y que la legislación española está "perfectamente alineada" con la europea. Hace unos días, el ministro declaró ponerse a disposición de Bruselas”.
Críticas de Sumar
No obstante, Cuerpo ha tenido enfrente a los diputados del Grupo Popular y Vox, pero también de Sumar. El portavoz de Economía de Sumar, Carlos Martín, ha dicho que el Gobierno debía haber prohibido la operación; mientras que el diputado de Vox, Pablo Sáez, ha señalado que España ha sido expedientada porque el Ejecutivo ha utilizado "poderes discrecionales" para poner trabas a la opa. Por su parte, el parlamentario popular Francisco Conde ha señalado que la CE le ha sacado una "tarjeta amarilla" al Gobierno por utilizar entre las normas en que se una ley que se creó para actuar en una crisis financiera, la de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, pero no para intervenir en una opa.
En concreto, Cuerpo ha explicado que la ley de Defensa de la Competencia de 2007 permite al Gobierno actuar en aras del interés general cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a segunda fase una operación. Esto sucede cuando la transacción puede acarrear un peligro para la competencia, por lo que la CNMC impone algunas condiciones para que la fusión se pueda llevar a cabo.
De este modo, el ministro ha defendido que el Gobierno haya puesto sobre la mesa una condición que supone la separación efectiva de la gestión de BBVA y Sabadell durante tres años, con posibilidad de que esto se prologue dos años adicionales. "En esta decisión lo que estamos poniendo sobre la mesa es la creación o la generación de un precedente según el cual se puede generar en este tipo de operaciones valor para los accionistas de ambas entidades, sin que ello vaya en detrimento del interés general", ha defendido Carlos Cuerpo.
Bancos solventes
En este contexto, el ministro ha defendido que la idea del Gobierno es evitar cierres de oficinas o despidos de personal, como suele producirse en operaciones de este tipo. Asimismo, ha destacado que BBVA ha decidido seguir adelante con la operación tras conocerse las nuevas condiciones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. "Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con esta operación es que, efectivamente, puede generarse valor para los accionistas de ambas entidades sin que se vea perjudicado el interés general", ha rematado.
Ha señalado que el Gobierno lo que ha procurado es que el valor que conlleve la operación no venga exclusivamente de "sinergias mal entendidas" asociadas a despidos o cierres de oficinas porque no se trata de entidades en una situación problemática como en anteriores operaciones de concentración bancaria, sino con una liquidez y solvencia saneadas y buenas perspectivas.