La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado este la apertura de 15 nuevos procedimientos sancionadores por indicios de infracciones descritas como graves en el marco de las investigaciones sobre el apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado. A diferencia de los expedientes anunciados la semana pasada, que se centraban en el mismo día de los hechos, estos nuevos procedimientos hacen referencia a prácticas que se habrían producido en fechas diferentes de aquella jornada, pero que han sido detectadas en el curso de la investigación del incidente. De los quince expedientes incoados, la mayor parte son dirigidos a Endesa, que acumula doce. El resto se reparte entre TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja.

Estos nuevos procedimientos se suman a la veintena que la CNMC anunció el pasado viernes 17 de abril, que afectaban a Red Eléctrica de España, con una calificación de falta muy grave, así como diversas instalaciones de generación eléctrica propiedad de las principales eléctricas del país, entre las cuales figuraban Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad. Según ha informado la Comisión, desde el anuncio anterior ha continuado trabajando en la apertura de nuevos procedimientos sancionadores.

En esta ocasión, los expedientes notificados incluyen la investigación de prácticas que habrían tenido lugar en días o períodos diferentes del 28 de abril de 2025, pero que, según el organismo, constituyen igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectadas en el marco de la investigación del apagón. La Comisión no ha especificado qué fechas concretas son objeto de investigación ni qué relación tienen estas prácticas con el colapso general del sistema eléctrico.

Incumplimientos sin riesgo de garantía de suministro

En prácticamente la totalidad de los casos, los expedientes tienen la calificación de graves por una presunta infracción del artículo 65.8 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. Este artículo hace referencia a los incumplimientos de determinados preceptos sin que exista un riesgo concreto para la garantía del suministro o que este incumplimiento haya causado un daño grave. En concreto, la CNMC investiga supuestas vulneraciones de los artículos 64.15, 64.16 y 64.17 de la misma ley, que regulan aspectos técnicos y operativos del funcionamiento del sistema eléctrico.

La única excepción a esta tipología general es el expediente abierto contra la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II AIE, una entidad participada por Endesa e Iberdrola. En este caso, la infracción investigada está recogida en el artículo 65.34 de la Ley del Sector Eléctrico, y hace referencia a la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objetivo de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación. Esta práctica, si se confirmara, podría distorsionar la formación de precios y perjudicar la competencia.

A pesar de la gravedad aparente de las infracciones investigadas, la CNMC ha querido insistir en un comunicado en el mismo argumento que ya utilizó la semana pasada. Los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o la causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial. El organismo regulador subraya que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación, que deberá determinar, una vez analizadas todas las pruebas y alegaciones, si efectivamente se produjeron las infracciones y cuál fue su impacto concreto sobre el funcionamiento del sistema.

Los procedimientos pueden durar entre nueve y dieciocho meses

Los procedimientos sancionadores tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses, en función de la gravedad de la infracción investigada. La CNMC ha garantizado que las empresas afectadas podrán formular alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que consideren procedentes para defender su posición. Estas garantías procesales son fundamentales para asegurar que los expedientes se desarrollan con plenas garantías para los investigados.

Con los nuevos expedientes, la CNMC eleva a 35 el número de procedimientos abiertos en el marco de una investigación que ya dura más de un año y que tiene el foco mediático y político puesto en las responsabilidades por uno de los episodios más graves de inestabilidad eléctrica registrados en España en las últimas décadas. Las empresas del sector se muestran a la espera de la evolución de los expedientes, mientras que desde la CNMC aseguran que continuarán analizando los datos para determinar si hay indicios de infracciones adicionales que puedan abrir nuevos procedimientos.