El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se encuentra en la fase final de elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que marcará la hoja de ruta en materia de acceso a la vivienda para el periodo 2026-2030. La ministra Isabel Rodríguez ha avanzado este martes que el proyecto, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros, está previsto que reciba el visto bueno del Consejo de Ministros en la segunda quincena de diciembre. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez subraya la importancia de la colaboración institucional para el éxito de esta iniciativa.

“Nos gustaría contar con el apoyo y la implicación de todas las administraciones públicas, pero, particularmente, con el de las comunidades autónomas, con quienes siempre hemos trabajado de la mano en estos planes”, destaca la ministra. Esta cooperación se materializará en la gestión directa por parte de las regiones del 40% de los fondos, en consonancia con el reparto de competencias. El plan, que representa un esfuerzo "milmillonario" sin precedentes, según la titular de Vivienda, estructurará su inversión en cuatro grandes bloques para abordar el problema de la vivienda desde múltiples frentes.

La partida más sustanciosa, con un 40% del total, se dedicará en exclusiva a incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler, un pilar fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna. Un segundo eje, que absorberá el 30% de la financiación, estará orientado a programas de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana de barrios, con especial atención a la mejora de la eficiencia energética de los edificios. El 30% restante se destinará a un paquete de ayudas de carácter social y emergente.

En este capítulo se enmarcan las ayudas a la emancipación juvenil, las destinadas a reducir la tasa de esfuerzo financiero de las familias con dificultades, y las intervenciones en zonas tensionadas donde el precio de la vivienda se ha disparado. También se incluyen aquí partidas para el refuerzo de la vivienda rural y el fomento del alquiler asequible para colectivos vulnerables.

El proceso para la puesta en marcha del plan arrancará este miércoles, 17 de septiembre, con la apertura de la consulta pública previa al Proyecto de Real Decreto que lo regulará. Este trámite permitirá recabar las aportaciones de expertos, agentes sociales y ciudadanos antes de su redacción definitiva. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ministra de Educación, respaldó el anuncio y recordó que “una de las prioridades del Ejecutivo es seguir trabajando para que la vivienda sea un derecho”.

Esta declaración refuerza el mensaje político de que el acceso a una vivienda asequible se sitúa en el centro de la agenda social del Gobierno, con una inversión que triplica los esfuerzos de planes anteriores y que busca un impacto estructural a medio y largo plazo.

España parte de una posición de desventaja. Mientras países como Austria, Países Bajos o Dinamarca tienen un parque de vivienda protegida que ronda el 30% del total, en España este porcentaje apenas supera el 2,5%, según diversos estudios. Esta enorme brecha es el legado de un modelo de desarrollo que, durante décadas, primó la propiedad privada sobre la vivienda social y el alquiler, fomentado por políticas fiscales y un "boom" inmobiliario que convirtió la vivienda en un bien de inversión más que en un derecho.