Ya hace un año que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronales, que llegaran a un pacto de rentas con el fin de poder repartir los daños de la crisis energética y de la escalada de precios entre trabajadores y empresas. Y exactamente, un pacto de rentas, ¿qué es? Pues es un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios a fin de que ambas partes se repartan los costes de la inflación. Es decir, los trabajadores aceptan que su sueldo incremente menos de lo que sube la inflación y los empresarios se comprometen a subir estos sueldos y a mantener los puestos de trabajo.

Pues bien, el pacto prometido por Sánchez no ha llegado ni se le espera. Eso lo asumen tanto sindicatos como patronales después de un año de contactos y reuniones. De todos modos, el Gobierno todavía cree en él, y a través de su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, comenta que "sería interesante tener un pacto de rentas amplio que proporcionara confianza tanto a trabajadores, empresarios como inversores". Y como sabemos, este pacto de rentas como tal no existe, pero sí que se da de manera implícita, es decir, las empresas no han trasladado todos los costes al producto final y los trabajadores han perdido gran parte de su poder adquisitivo.