España es un país puntero en investigación sanitaria y, también, dispone de importantes empresas farmacéuticas, pero el desarrollo del sector -especialmente el del segmento de la tecnología sanitaria- tiene que luchar con un importante lastre: la tardanza en los pagos por parte de las CCAA, que son su principal cliente, ya que la Sanidad hace años que está transferida a los gobiernos autonómicos.
Más de 1.100 millones de euros
Con 2022 a punto de cerrarse, las facturas de tecnologia sanitaria que las CCAA no han pagado aún ascienden a 1.120 millones de euros, lo que supone un 51% más que al cierre de 2021. Los equipos adquiridos, por supuesto, están ya entregados y funcionando en los hospitales, pero el dinero no llega a las empresas que, además de proveer de bienes y servicios a la administración, hacen de financiera. El plazo medio de pago de facturas es, si de equipos sanitarios se trata, de 94 días. En 2021, era de 49.
Problema añadido
Los retrasos en los pagos añaden dificultades a un sector ya muy castigado por la inflación, pues los precios industriales han crecido un 45% y los costes de electricidad, gas y transporte se han incrementado también hasta niveles nunca vistos antes. Además, subir precios a los proveedores es imposible, porque la mayoría de los contratos de suministro y venta son plurianuales y los vigentes vencen, como pronto, en 2024. La próxima vez que vaya al médico recuerde que, quizá, ese equipo flamante con el que su alcalde (o su presidente autonómico) se ha hecho una foto está todavía pendiente de pagarse.