Petición concedida. El magistrado del caso Volhov ha aceptado la demanda de la defensa del empresario Oriol Soler Castanys, editor y director general de SOM, para que dicte el archivo provisional de la investigación contra él solamente con respecto al delito contra la administración pública, con el fin de no frustrar un acuerdo comercial en el sector público. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una resolución del 31 de agosto y a la cual ha tenido aceso ElNacional.cat, ha aceptado esta petición al asegurar que el empresario no tiene que ser perjudicado por el hecho de que la Guardia Civil no tiene suficientes efectivos para acabar el análisis de los aparatos decomisados y los informes de esta causa.
Oriol Soler fue una de la decena de personas detenidas en octubre de 2020 en el caso Volhov, donde se investiga si hubo financiación ilegal del procés independentista, así como quien eran los promotores de Tsunami Democràtic, plataforma anónima que impulsó las movilizaciones en el 2019, contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas y que ahora investiga la Audiencia Nacional. Los principales investigados del caso Volhov son el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de Convergència David Madí.
Más de cien dispositivos digitales decomisados
En la resolución, el magistrado Aguirre expone que la defensa de Oriol Soler, ejercida por el penalista Benet Salellas, solicitó en un escrito, el 30 de agosto pasado, que se decrete el sobreseimiento provisional parcial relativo al delito contra la administración pública por el cual está imputado el empresario, a la espera de que del resultado de la investigación se pueda dictar una resolución integral. Precisa que requiere esta resolución de forma "urgente" con el fin de que Soler no sea perjudicado económicamente delante de la "pendència" de la investigación actual, ya que con esta imputación se le ha denegado un contrato administrativo público.
En este sentido, el magistrado expone que en la operación Volhov se decomisaron más de cien dispositivos digitales en las entradas y registros, y que los informes de la Guardia Civil sobre estos aparatos están pendientes debido "a la falta de efectivos personales suficientes" del cuerpo armado, así como a la "necesidad de dar prioridad a los informes de distintos investigados". Y añade que esta realidad "no tiene por qué ser de la incumbencia" de Soler "ni verse obligado a perder contratos públicos por este motivo". Por todo eso, el juez Joaquín Aguirre concluye que "como no se puede determinar cuando la Guardia Civil presentará el informe sobre el móvil Soler ni del resto de evidencias que puedan obrar en su contra, acuerda el sobreseimiento provisional parcial de la causa respeto a Soler, aunque "únicamente y exclusivamente del delito contra la administración pública".
El caso Tsunami podría volver a Barcelona
En la resolución, el juez Aguirre también expone que Soler es investigado por otros delitos contra el orden público, refiriéndose a Tsunami, del cual se vio obligado a enviar al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. No obstante, añade que esta investigación "podría devolver la competencia" al juzgado de instrucción 1 de Barcelona, "con el fin de evitar perjuicios económicos innecesarios en el investigado Soler". Por ahora, el juez instructor de la Audiencia Nacional mantiene el secreto de esta investigación.
Reactivación de declaraciones
Por otra parte, el juez del caso Volhov ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un refuerzo judicial en el juzgado porque a partir de octubre reactivará los interrogatorios de investigados y testigos de las 17 piezas que afirma que existen entre el caso Diputación de Barcelona y la derivada de Volhov. La sala de gobierno del TSJC se lo ha aprobado, a la espera de que lo ratifique el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).