Mientras toda la atención mediática está fijada hoy en los juzgados de Rubí donde tiene que declarar Tomás Pardo, el violador reincidente de la prisión de Ponent que durante un permiso penitenciario este fin de semana atacó a una mujer de 52 años, Instituciones Penitenciarias y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya intentan averiguar dónde estuvo el error y qué falló en la cadena de responsabilidades para dar permisos a un preso que, contra lo que pensaban, no estaba lo bastante rehabilitado como para estar tres noches fuera del centro.

Pardo salió de la prisión de Ponent porque le dieron un permiso después de 14 años de cumplir condena. Era el tercer permiso que preveía tres noches fuera de la celda desde este verano.

Según Servicios Penitenciarios, Pardo seguía un programa de rehabilitación de delincuentes sexuales. Y según los informes, podía empezar a tener permisos.

La Junta de Tratamiento es quien hace la propuesta para que se den permisos a un preso. Hace una recopilación de datos documentales, de entrevistas y de la observación directa del comportamiento del recluso se complementa con un estudio científico de la personalidad del penado. El Equipo de Tratamiento tiene que establecer el tipo criminológico, el diagnóstico de capacidad criminal y de adaptabilidad social. Este procedimiento es cíclico. Se va haciendo en diferentes momentos y a partir de este análisis se hacen las propuestas para los permisos, el otorgamiento de los segundos y terceros grados.

El informe lo valora el juez de vigilancia penitenciaria, en este caso el de la prisión de Lleida. Fuentes judiciales explican que el juez dio el permiso de tres días según las recomendaciones que recibió de los profesionales de la prisión que trabajan cada día con el preso. El violador había ido en cada uno de los permisos al mismo lugar donde había vivido antes de entrar en la cárcel el año 2002, a casa de su madre, y convivía en el mismo entorno donde había cometido la violación que lo condenó a 25 años entre rejas. Eso ya tendría que haber sido una alerta, según explican fuentes penitenciarias a El Nacional, en el momento de seguir dando los permisos.

Hoy se estan recopilando los datos para analizar dónde se cometió el error en toda la cadena de responsabilidades.

Declaración en los juzgados

Mientras tanto, en los juzgados de Rubí declara el violador reincidente. En el interrogatorio de la policía negó los hechos. Sólo admitió que había tenido relaciones sexuales con la víctima, pero que habían sido consentidas y que se marchó un momento y al volver se encontró a la mujer herida.

 

Según el informe de los hechos, el hombre asaltó a la mujer de 52 años el sábado por la mañana cuando ella estaba a punto de subir al coche. Se la llevó a una zona boscosa, donde hace 15 años violó y agredió a otra víctima. Hizo exactamente lo mismo. Siguió el mismo modus operandi: secuestro, violación y agresión. La apuñaló en el cuello y la tiró por un barranco, pensado que ya estaba muerta. Después escondió el coche y lo devolvió a casa de su madre.

La víctima pudo activar el geolocalizador del móvil a pesar de estar malherida. Su familia, al recibir la señal, fue quien llamó a los Mossos d'Esquadra. La policía encontró al violador caminando por la  A-2, horas antes que se le acabara el permiso penitenciario.

Una vez haya declarado, el juez de Rubí lo enviará a la prisión donde cumple condena y empezará el proceso por un caso nuevo. Los permisos que empezó a tener este verano, sin embargo, no se repetirán ante la alta peligrosidad del violador reincidente.