Acción inédita. Casi un centenar de personas del Estado español detenidas por la Policía franquista se han unido para dirigir una carta conjunta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y al Comité contra la Tortura de la ONU pidiéndolos que obliguen al Estado español a investigar las torturas sistemáticas llevadas a cabo durante el franquismo y la Transición, después de haber hecho todos los intentos ante los tribunales y de comprobar que la ley de memoria democrática de 2022 se ha quedado corta, al no haberse derogado la ley de amnistía de 1977, que bloquea toda investigación. La acción se ha presentado este jueves, en el salón de actos de prisión Modelo con la campaña "Nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora", para recoger firmas de la ciudadanía y las entidades.
Es una iniciativa impulsada por Irídia - Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, el Ateneo de Memoria Popular, la Asociación Catalana de Expresos Políticos del franquismo, La Comuna, Òmnium Cultural y la Comisió per la Dignitat y otros colectivos. La directora de Irídia, Anaïs Franquesa; el presidente de Òmnium, Xavier Antich, y Pilar Rebaque, de la Comisió de la Dignitat han participado en el acto con los represaliados.
"Con todo el respeto, pero también toda la convicción, les pedimos que pongan fin a esta impunidad porque nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora, mientras todavía estamos vivos, mientras los perpetradores aún pueden responder por los actos horribles (e imprescriptibles) que cometieron", concluye la carta dirigida a los organismos internacionales.
La carta, con las firmas de apoyo, se adjuntará en la demanda que presentará el activista y presidente de la Asociación Catalana de Personas Ex Presos Políticos del franquismo, Carles Vallejo, en el TEDH y a la ONU para pedir que ordenen investigar los crímenes del franquismo, después de que todos los tribunales le hayan cerrado la puerta, incluso el Tribunal Constitucional, con la respuesta formulario que no "es de interés constitucional". La demanda de Vallejo se presentará en septiembre y después la de los hermanos Maribel y Pepus Ferríandiz, vejados en la comisaría de Via Laietana y que la justicia española también les ha vetado investigar a sus agresores.
Reacción de los afectados
Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia ha explicado que el tribunal de Estrasburgo ha rechazado otras demandas de torturados por el franquismo, aduciendo que llegaban tarde a los tribunales europeos, y que había una demora excesiva. Y ha afirmado: "Queremos que el tribunal nos diga cuándo tenían que ir las víctimas. ¿En los años 80 cuando todavía había torturas en las comisarías? En los años 90, con el pacto de silencio?; ¿el año 2000, cuando se juzgó el único juez español que quería investigarlo"? Y ha concluido: "Las torturas del franquismo no son historia pasada. Son impunidad presente. Las víctimas no han llegado tarde porque es el Estado el que, conociendo sus reclamaciones, ha impedido la justicia; desde el año 79 el Estado español tiene la obligación por convenio de investigar y juzgar las torturas del franquismo y no lo ha hecho".
Por su parte, Carles Vallejo, expreso político ha asegurado: "No somos nosotros las que tenemos que justificar por qué no hicimos el recurso antes: el momento es ahora. Las víctimas y las represaliadas seguimos luchando contra la impunidad", i ha añadido: "Tuvimos el valor de luchar en una sociedad traumatizada por el franquismo, y a pesar de la violencia y la represión, nunca hemos dejado de enfrentarnos a esta situación de injusticia."
Maribel Ferrándiz, activista por la memoria, represaliada en Via Laitena y la prisión de Trinitat, también ha denunciado que "se hace apología del franquismo en el mismo Congreso de los Diputados" y ha reivindicado que los activistas tienen que ser "la punta de lanza para que se haga justicia, no solo por nosotros sino por los millares de personas represaliadas, asesinadas y silenciadas por el régimen franquista" y para que los jóvenes conozcan qué pasó realmente.
En el acto, también ha intervenido Rosa García, miembro de La Comuna y represaliada en la Dirección General de Seguridad en Madrid -sede de la cual reclaman que sea espacio de memoria, como Via Laietana-, ha enviado un mensaje optimista, y ha explicado que recientemente se han aceptado dos querellas en juzgados españoles, como la del crimen de Teófilo del Valle, con la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa, y un juzgado de Padrón por la detención y torturas de Manuel Reboiras en 1975.
"Hace más de 15 años que luchamos por revertir el muro de impunidad que se construyó después de la muerte de Franco para evitar juzgar e investigar los crímenes del franquismo y la transición. Este muro empieza a resquebrajarse, y nosotros tenemos que ser", ha declarado García y ha añadido: "Es imprescindible derogar la ley de amnistía, que se utiliza como una ley de punto final. Solo así se podrá reconocer que los crímenes del franquismo son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles".
