La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda ha citado como investigado el exministro Rodolfo Martín Villa por la muerte del antifranquista Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada, el febrero de 1976, según ha adelantado Eldiario.es. La jueza también ha citado como investigado Daniel Aroca del Rei, agente de la Policía Armada y autor de los seis tiros por la espalda que pusieron fin a la vida de este trabajador de 20 años durante las movilizaciones del sector del calzado alicantino. Es un hecho excepcional porque los tribunales españoles no investigan los crímenes del franquismo porque sostienen que están amparados por la ley de amnistía de 1976. Los dos han sido citados a declarar a mediados de noviembre y lo podrán hacer de forma telemática, desde los juzgados de Madrid y Albacete.
El exministro Martín Villa hace años que es investigado por la magistrada María Servini de Cubría, en la conocida querella Argentina, por 12 crímenes de disidentes políticos en el periodo comprendido entre los años 1976 y 1978, en los cuales estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Sindicales, Ministerio de la Gobernación y Ministerio del Interior durante la Transición.
Al grito de 'A por ellos'
La querella fue presentada por la Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo (integrada en la coordinadora Ceaqua). Se relata que un vehículo policial se detuvo en la protesta y se oyó gritar: ‘¡A por ellos!’ Los policías empezaron a perseguir los manifestantes con las armas en la mano. Teófilo del Valle intentó escabullirse por las calles, pero en la confluencia de la calle San Roque con Juan de Austria, fue abatido por la espalda. Es el 24 de febrero de 1976, en la localidad alicantina de Elda. Seis tiros por la espalda, uno de ellos en la nuca, pusieron fin en la vida de Teófilo del Valle.
Teófilo del Valle fue la primera víctima mortal por parte de las fuerzas del orden público desprendido de la toma de posesión de la Dirección del Estado de Juan Carlos I. Las entidades contra el franquismo sostienen que fue "un crimen de lesa humanidad", como el más de un centenar de muertes por la represión policial durante el proceso transicional.
La ley de memoria democrática española, actualizada el 2022, ordena que se investiguen todos los crímenes desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la guerra, la dictadura y hasta la aprobación de la Constitución española, el 29 de diciembre de 1978. Con este nuevo marco, víctimas del franquismo volvieron a presentar querellas en los juzgados, que cayeron en saco roto, como las del sindicalista Carles Vallejo y los hermanos Ferrandis porque los tribunales insisten que están amparados en la ley de amnistía de 1976, como ha fijado el Tribunal Supremo y el Constitucional o son asesinatos prescritos, y que en aquella época el Estado español no había firmado los tratados internacionales con el reconocimiento de los delitos de lesa humanidad.
En este contexto negativo, la Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la nueva Unidad de Decrehos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General dle Estado, ha decidido investigar las torturas que sufrió la independentista Blanca Serra, y su hermana Eva, en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona, donde fueron detenidas cuatro veces, entre 1977 y 1982. Serra, al salir de la fiscalía, exigió que "se abran todos los archivos" para examinar y confirmar la represión a la disidencia.