La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo —de la que es miembro el juez Pablo Llarena— ha reaccionado a la decisión de la justicia belga que ha rechazado la euroorden de extradición contra los consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, después de considerar que la petición de extradición emitida por el Tribunal Supremo tiene "irregularidades" y lo ha desestimado.
Fuentes de esta sala han reconocido que todavía no han recibido la resolución de la justicia belga, pero que, por lo que conocen por los medios de comunicación, "no comparten la motivación" por la cual se deniega la entrega y lo interpretan como una "ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial demandada".
Las mismas fuentes recuerdan que el 21 de marzo del 2018 se dictó un auto de procesamiento donde se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se los consideraba ya procesados, y por los que, con aquella misma fecha ya, el instructor adoptaba la medida cautelar de prisión.
Sobre la misma argumentación del procesamiento, y a petición del ministerio fiscal, el día 23 de marzo se dictó una auto ordenando entregar las órdenes europeas de detención, que tienen así una clara resolución de apoyo (el acto de procesamiento).
Las mismas fuentes recuerdan que el apoyo de la resolución jurídica que es este auto de procesamiento es el que nuestro ordenamiento jurídico contempla con más desarrollo argumental a excepción de la sentencia.
Sólo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el acto de procesamiento en el cual descansa la euroorden, han añadido estas fuentes.