Los socios ya vacían el Club de Mar de Sitges después del aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al desalojo. El hecho es que la Audiencia de Barcelona ya había dado la razón al Ministerio de Transición Ecológica, que reclamaba la propiedad de la instalación argumentando que se ubica en dominio marítimo-terrestre y que incumple la ley de costas, pero los ocupantes del espacio presentaron un recurso ante el TSJC. Ahora, el alto tribunal catalán ha vuelto a dar la razón al gobierno español y, por lo tanto, luz verde al desahucio. La previsión es que el jueves a primera hora se entreguen las llaves a los funcionarios del estado, aunque el litigio aún no ha terminado y los socios ya han presentado un recurso de reposición ante el mismo TSJC. Este episodio del litigio entre el Club de Mar y el Estado discurre en paralelo a la decisión administrativa tomada por el ejecutivo estatal de derribar el espacio, y llega cinco meses después de que los tribunales frenaran cautelarmente la orden mientras se resolvían las carpetas judiciales pendientes.
En plena cuenta atrás para abandonar el espacio, las instalaciones del Club de Mar son un ir y venir constante tanto de operarios de mudanzas como de socios que se llevan su material náutico, tal como ha constatado este martes la ACN. "Hacen desaparecer 73 años de historia de un día para otro", ha lamentado la junta de la entidad. Concretamente, la sección tercera de la Sala Contenciosa Administrativa de la Audiencia de Barcelona ha ordenado que el Club de Mar cierre y devuelva la "posesión" del espacio al estado español, ya que considera que las instalaciones están ubicadas en un lugar de dominio público. Con este argumento, el Ministerio de Transición Ecológica ya intentó echar a la entidad el mes de junio, cuando les comunicó una orden de derribo alegando que no se podía prorrogar más el incumplimiento de la ley de costas.
Falta de tiempo para reaccionar
Si no los desahuciaron en junio fue porque el Club de Mar presentó varios recursos y los jueces aceptaron detener cautelarmente la demolición. "Hicimos un esfuerzo económico para contratar abogados que detuvieran el derribo, pero ahora nos encontramos con la desagradable sorpresa de que nos echan", ha expresado el vicepresidente náutico del Club de Mar, Benjamín Cervera, que ve el desalojo "incomprensible" y que ha criticado que prácticamente no les han dado tiempo ni para reaccionar ni para organizarse.
Mientras que el Estado se escuda en el hecho de que estas instalaciones de 1.800 metros cuadrados en primera línea de mar no tienen licencia de actividad e incumplen la ley, Cervera ha remarcado que el club "no está en la arena, sino que tiene un paseo intermedio antes de llegar a la playa". El vicepresidente náutico ha apuntado que nacieron en los años 50 con un permiso que caducó y que "el gobierno español nunca ha querido renovar", amparándose en una ley de costas "obsoleta". "Es un pez que se muerde la cola y que nos ha llevado a una situación impensable en el mundo deportivo", ha añadido, mientras dice que el espacio de grandes dimensiones que ocupan es una "necesidad" para poder dar respuesta a la demanda de la práctica de actividades náuticas en el municipio.
Más recursos contra la demolición
La junta del Club de Mar ve una "barbaridad" que les hagan cerrar "rápido y urgente" unas instalaciones que agrupan a 340 socios —aunque antes del verano eran más de 400— y que ofrecen varias secciones, como patín a vela, kayak o natación en mar abierto, a la vez que tienen una piscina descubierta. "Aparte de los socios, organizamos numerosas actividades abiertas, las cuales atraen a gente de toda la comarca", ha defendido Cervera. Y ha añadido: "Es una pena que una entidad con 73 años de historia tenga que desaparecer de un día para otro". Todo el mobiliario permanecerá, de momento, en unas naves donde habitualmente ya guardan el material de vela fuera de temporada, y allí permanecerá a la espera de que la entidad decida cómo encara el futuro. En esta línea, los socios estudian presentar un concurso de acreedores, con el fin de encontrar una solución para la treintena de trabajadores que hay en las instalaciones.
Recordemos que la entidad ha presentado un nuevo recurso judicial para reclamar el derecho de uso del espacio, que ha avisado de que puede ser un nido de conflictos y vandalismo una vez quede vacío. También han remarcado que está protegido como bien cultural de interés local (BCIL) y que hay en tramitación la declaración como bien cultural de interés nacional (BCIN). "Mientras el edificio siga en pie, seguiremos luchando y hablaremos con quien haga falta", ha asegurado Cervera, que ha remarcado que los miembros del club están "acostumbrados a luchar contra adversidades como el agua y el viento". "No nos parará un despacho ni un papel", ha remachado. Finalmente, han atacado tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Sitges, que ha solicitado la cesión de uso a escala municipal, hecho que el vicepresidente náutico considera una "mentira" porque "el Estado ya les ha dicho por activa y por pasiva que esto no lo hará". Sobre la Generalitat, les han reprochado una falta de defensa del deporte náutico catalán, "que es el origen de muchos medallistas olímpicos que han subido al podio bajo la bandera española". "Esto debería prevalecer para garantizar el futuro del deporte náutico en Cataluña", ha concluido.