Cristina y María Teresa Pàmias Vila-Coro, sobrinas de la esposa del gran mecenas catalán Pere Mir, han comparecido este miércoles en el juzgado como acusación particular contra los tres albaceas de la herencia del empresario, investigados por administración desleal y apropiación indebida del dinero que debía ir a las fundaciones Cellex y Mir-Puig, además de sus herederos. Las dos sobrinas, representadas por el abogado Fermín Morales (en la foto principal al salir del juzgado), debían cobrar cada una unos 14.000 euros mensuales con la condición de que no presentaran ninguna reclamación por vía judicial, según un escrito encontrado por los Mossos d’Esquadra. Mir —fallecido en 2017 sin descendencia, y su esposa al año siguiente— encargó al abogado Jordi Segarra la gestión de su patrimonio y de sociedades panameñas, junto con el oncólogo Josep Tabernero y el abogado Francesc Capellas. Las dos mujeres han asegurado a la magistrada que se enteraron de que tenían este sueldo millonario en 2020, cuando la Generalitat les reclamó la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones; que al final resultó cero, porque no recibieron nada.
El primer abogado de las sobrinas Pàmias negoció con Segarra, que les pagó 360.000 euros a cada una y 84.000 euros a las dos para pagar impuestos y parte del vitalicio, según fuentes judiciales. Una mínima parte de lo que les correspondería, según añade la acusación. Con este pago de 14.000 euros al mes les corresponderían anualmente unos 504.000 euros a las dos desde el año 2018. Las sobrinas reclaman lo que les corresponde por la herencia, nada más, han precisado.
Ninguna irregularidad, según los albaceas
Los tres investigados ya declararon ante la titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, que investiga estas supuestas irregularidades en la gestión de las fundaciones privadas de Mir, dedicadas a la investigación, y aseguraron que se cumplieron sus voluntades.
Fuentes de su defensa han añadido que a las sobrinas se les ha pagado por la herencia y también por la compraventa de acciones. No obstante, la magistrada Myriam Linage hizo intervenir judicialmente las fundaciones y sociedades de Mir el mayo pasado, después de ser denunciado por el Patronato de Fundaciones, y delegó la gestión en la Generalitat, medida que renovó recientemente, a petición de la Fiscalía y las acusaciones particular y pública.
Unos 9,5 millones para pagar los vitalicios
El empresario catalán, establecido en Ginebra, gestionó su millonaria herencia a través de unas fundaciones panameñas, que a la vez son las gestoras de cinco sociedades, ahora también intervenidas. En concreto, a la Sociedad Anónima de Intereses, Mir destinó 9,5 millones de euros para pagar el vitalicio de las sobrinas, dinero que —según las acusaciones— no se sabe dónde ha ido a parar. En el informe de Mossos, se indica que Segarra dedicó una parte de este dinero a hacerse autopréstamos y a dejarlo a amigos, que suman unos 2 millones. Segarra, defendido por Jorge Navarro, aseguró en el juzgado que los devolverá.