Javier Biosca, acusado de la estafa con criptomonedas más grande jamás investigada por la Audiencia Nacional, se habría suicidado este martes años en Málaga, después de precipitarse desde el quinto piso de un hotel a la ciudad de Estepona, ante de diferentes testigos. Este polémico empresario fue detenido en junio de 2021 después de semanas fugado y acusado de estafar, en aquel momento, hasta 250 millones de euros en criptomonedas. La Audiencia Nacional había dictado una orden de busca y captura contra él y un día después fue detenido en un control rutinario de la guardia civil en otra población de Málaga. Desde finales del 2020, cuando empezó la investigación, estaba en paradero desconocido.

Biosca estuvo en prisión provisional desde su detención, acusado de, entre otros delitos, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capital y organización criminal, salió en libertad provisional este mes de marzo, bajo fianza, estaba siendo investigado como principal responsable del fraude de la compañía Algorithms Group, a quien las acusaciones particulares reclaman hasta 818,5 millones de euros. Con todo, pocos meses más tarde, el juez de la AN, Alejandro Abascal, ordenó de nuevo su ingreso en la prisión, ya que consideraba que había un riesgo de fuga después de que pidieran la devolución de su fianza. Biosca no era lo único investigado de la familia, porque también estaban involucrados en esta estafa casi mil millonaria su mujer y su hijo, imputados de delitos por haber captado clientes con la promesa de rentabilidades del 20 o 25% cada semana.

Un escándalo de millones de euros

El ascenso de la empresa de Biosca fue meteórico: pasó de unas pocas decenas de inversos iniciales a 500 clientes en un año, que hacía llegar su dinero a través de transferencias bancarias, los conocidos como wallets que en el mundo de las criptomonedas son "carteras" y, en algunos casos, dinero en efectivos. El empresario estafador contactaba una vez a la semana con ellos a través de una aplicación de mensajería para hacerles saber los beneficios irreales y preguntarles si querían cobrar los intereses o volver a invertirlos. En la mayoría de los casos, las víctimas escogían la segunda opción. Ya durante la primera parte del 2020, coincidido con la fase más dura de la pandemia, Alghorithms comunicó a los clientes que reduciría el porcentaje de los beneficios que les había prometido, hecho que hizo saltar las alarmas. Todo saltó por los aires en octubre en el 2020, cuando la empresa dejó de pagar a los clientes. En marzo de 2021 un grupo de víctimas presentó una querella contra Biosca y su familia, asegurando que el empresario tenía una fortuna de 1.532,55 bitconis, que en aquel momento se traducían en 75 millones de euros.

Una piedra en la investigación

La muerte del empresario supone un nuevo capítulo en esta trama, y los abogados que representa la Asociación de Afectado por Inversiones con Criptomonedas ha solicitado que se investiguen las circunstancias de su muerte, con una autopsia y la declaración de las personas que han sido testigos del suceso, ya que todo indica que ha sido un suicidio. Si efectivamente eso se confirma, los abogados piden que no se entierre o se incinere el cuerpo hasta que se aclare su muerte por parte de un forense. En este nuevo contexto, las víctimas recuerdan que sigue abierto el procedimiento contra la familia de Biosca, aunque los abogados entienden que el suicidio supone "una dificultad en la investigación de los delitos que se le imputaban".