Los perros que mataron a mordiscos a una madre y una hija en Madrid han sido sacrificados por la protectora que los había acogido tras el incidente. El informe de los veterinarios del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM) constataba el alto nivel de agresividad de los animales, la dificultad de su manejo, la falta de documentación y la carencia de vacunas contra la rabia, lo que podría poner en peligro la seguridad de los empleados y del resto de los animales allí albergados.
En total, el centro ha sacrificado a seis perros, los dos implicados en el incidente y otros cuatro que también vivían en el chalé de Colmenar de Oreja donde se produjo el ataque. Los análisis preliminares han concluido que los dos animales autores de la agresión, de la raza Dogo de Burdeos estaban cruzados con American Staffodshire Terrier, de la que proceden los otros cuatro. La primera raza no está en la lista de peligrosos en la Comunidad de Madrid (aunque sí en Cataluña y otros países) mientras que los American Staffodshire sí están en dicho catálogo.
Desde que fueron recogidos del chalé el miércoles, día del suceso, los perros han estado en cuarentena. Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tomaron muestras a las dos fallecidas para determinar qué perros les habían atacado y si tenían alguna enfermedad.
Los veterinarios del CIAMM han practicado unos análisis clínicos y se estudio su comportamiento y características físicas, el grado de agresividad mostrado y sus posibilidades de recuperación y sociabilización. Las conclusiones, a las que ha tenido acceso ABC, dibujan un perfil común a todos los canes: su destacada morfología, potentes y de carácter agresivo, con posibilidad de ataque a personas y animales.
Según el informe y de acuerdo con la Ley de Protección de Animales de Compañía, el Gobierno regional ha dictaminado su sacrificio "por el grave e inminente riesgo para la seguridad de las personas y otras animales que demostraba su agresividad manifiesta, así como por razones de bienestar animal", según las mismas fuentes regionales.
La Guardia Civil continúa la investigación de los hechos. Los agentes están recopilando información ante la falta de vacunas y licencias, que podrían conllevar desde elevadas multas hasta acusaciones de negligencia graves por tenencia de animales al marido de una de las fallecidas, dueño del chalé donde vivían los canes.