El juez ha pedido al Tribunal Supremo que impute a la exalcaldesa de València Rita Barberá, porque cree que hay bastantes indicios como para investigarla por presuntas irregularidades en la contabilidad del PP, en el ámbito de la instrucción del caso Imelsa. Este caso investiga los años en que Barberá era alcaldesa de València. Pero Barberá es senadora, y por lo tanto aforada, y no la puede investigar el juez de instrucción. Por ello ha decidido trasladar el caso al Supremo y pide que la imputen.
El juzgado de instrucción número 18 de València investiga una pieza separada del caso Imelsa, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de València. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, una cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivos de supuesta procedencia ilícita.
El magistrado considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que hizo el donativo de 1.000 euros por el cual están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al Tribunal Supremo, porque es el único competente para investigar a la exalcaldessa. El juez precisa, sin embargo, que ni las dos investigadas (imputadas según la terminología anterior a la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal) que han reconocido que el dinero entregado fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta con respecto a la participación de la exalcaldesa de València en los hechos.
En su escrito, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.
Barberá, apunta el juez, era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal. Existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que en su declaración judicial se negó a revelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba este dinero.
Silencio significativo y dinero opaco
El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca que tiene, es compleja. Sobre este extremo, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Regidoria de Cultura que se investigan en la pieza principal son muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de este dinero.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el cual reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en que ella optaba a la alcaldía, y niega el reintegro posterior. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir la posible implicación en los hechos investigados.
El juez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo informando del estado de la causa con respecto al exconcejal Miquel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por lo tanto, está aforado ante la sala de lo civil y penal del TSJCV. Domínguez, como hizo Barberá, ha rehusado la invitación para declarar voluntariamente pero ha presentado un escrito de alegaciones. La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de València es una pieza separada del caso Imelsa, en el cual se investiga el tejemaneje de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones del País Valencià: La Diputación (a través de la empresa Imelsa); el Ayuntamiento (a través de la Regidoria de Cultura) y la Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que se abrió en abril de 2015, hace referencia a malversación, fraude en la contratación pública, soborno, tráfico de influencias y blanqueo.