Los últimos episodios de incidencias en Catalunya y el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han generado una de las crisis más graves de los últimos años para el Ministerio de Transportes. El suceso no solo ha puesto en evidencia los posibles riesgos del sistema, sino que ha colocado bajo escrutinio la estrategia de gestión y la composición del equipo directivo de Óscar Puente.

El ministro, que tomó las riendas del departamento con la promesa de modernizar y cambiar la inercia de esta compleja maquinaria, se encuentra ahora al frente de una respuesta institucional con múltiples implicaciones.

En el centro de esta acción se encuentra el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Con una trayectoria política consolidada como alcalde de Irún durante dos décadas y figura relevante del Partido Socialista de Euskadi, Santano actúa como el responsable operativo del ministerio en esta crisis. Su función, aunque menos visible que la del ministro, es vital para llevar a cabo la ejecución de las decisiones técnicas.   

El núcleo político de Puente

Una presencia más pública ha sido la del presidente de Renfe, Álvaro Fernández. Ingeniero de caminos y vinculado profesionalmente a Puente desde los tiempos del Ayuntamiento de Valladolid, donde dirigía la empresa pública de autobuses.

Su nombramiento lo ha situado ahora al frente de la operadora estatal en un momento de gran vulnerabilidad. Además de las consecuencias de Adamuz, Fernández debe afrontar la tensión persistente con el colectivo de maquinistas tras el accidente mortal de Gelida, y la herencia de una empresa que ha pasado por tres presidentes en pocos años debido a sucesivas crisis técnicas.

En lo que respecta estrictamente a las infraestructuras, el peso de la crisis recae sobre el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Su nombramiento por parte de Puente supuso un giro hacia un perfil con un claro trasfondo político e institucional en Euskadi, tras una larga etapa en cargos de alta dirección de empresas públicas vascas.

Su tarea actual es particularmente delicada: supervisar la investigación técnica del accidente mientras gestiona la presión política y social sobre el estado de conservación de redes críticas. Las demandas, incluso desde otros ministerios, para un plan de emergencia o para la transferencia de estas infraestructuras, añaden una capa de complejidad institucional a la crisis técnica.

El engranaje administrativo

Apoyando a la primera línea hay altos cargos con funciones más internas. El subsecretario, Rafael Guerra, también antiguo colaborador de Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, se encarga del engranaje administrativo, financiero y jurídico del ministerio.

En el ámbito técnico puro, la dirección del sector ferroviario recae en Carlos María Juárez, un profesional con una larga trayectoria dentro del sistema, mientras que la investigación oficial de los accidentes es competencia de Pedro Lekuona, al frente de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

La crisis de Adamuz y los posteriores acontecimientos con Cercanías, por tanto, han aparecido como una prueba de estrés para Puente. Los últimos acontecimientos pondrán a prueba la capacidad de coordinación entre sus altos cargos, mayoritariamente seleccionados por su lealtad y experiencia política.

El resultado marcará no solo el futuro de esta legislatura en materia de transportes, sino también la credibilidad de un modelo de gestión que ha priorizado el control político en un departamento tradicionalmente basado en los conocimientos técnicos.