Grave caso de catalanofobia contra una paciente psiquiátrica del Hospital de Día CPB de Barcelona. Esta mujer fue obligada por una psiquiatra a aceptar las sesiones para su recuperación en castellano, después de una crisis suicida, y le pidió que renunciara al tratamiento si no aceptaba ser atendida en esta lengua. Así lo ha denunciado Plataforma per la Llengua, que ha asesorado legalmente a la víctima de este caso de catalanofobia. También han hecho públicos los audios, grabados por la paciente, que demuestran la discriminación continuada, después de que el Departamento de Salud haya reconocido la discriminación y haya sancionado al centro médico con una multa de 3.006 euros, que a ojos de la organización en defensa de la lengua catalana supone una cantidad totalmente insuficiente ante las vulneraciones de los derechos lingüísticos. Por ello, reclaman una indemnización de 30.000 euros para la víctima y también la intervención del Colegio de Médicos para depurar responsabilidades.
Estos hechos tuvieron lugar hace dos años, en febrero de 2024. La paciente fue derivada desde el Hospital Vall d'Hebron al Hospital de Día Còrsega, gestionado por la fundación CPB, donde se debía valorar su ingreso en un programa de atención específico. En la primera sesión, la paciente pidió hacer las sesiones individuales en catalán, y la médica, a pesar de no estar especialmente receptiva, no se negó. En la primera cita con el enfermero, dos días más tarde, este se dirigió a ella en castellano y le dijo que no se sentía cómodo hablando en catalán. Al día siguiente, la psiquiatra la atacó directamente, asegurándole que no podía obligar a ningún profesional a hablar en catalán y le exigió que dejara de lado esta idea si quería continuar con el tratamiento. Incluso, destacan desde la Plataforma, llegó a comparar su solicitud de recibir el tratamiento en catalán a no querer dejar de tomar drogas o autolesionarse. El 7 de marzo, una semana más tarde, le comunicaron por teléfono que la terapia debía hacerse en la lengua que los profesionales eligieran. Por ello, la obligó a decidir si quería continuar con el tratamiento en castellano o renunciaba a él. La mujer se negó a abandonar la terapia y acusó a la psiquiatra de chantajearla. Días después, confirmó que no se había planteado redirigirla a otro centro para seguir con el tratamiento y en un informe aseguró que la paciente había tomado la decisión de "no iniciar el tratamiento en nuestro centro", dejándola sin tratamiento.
Reprimenda por grabar audios y mal diagnosticada
La mujer, ante este caso de discriminación lingüística y catalanofobia flagrante, se quejó, pero la fundación negó la discriminación. En este contexto, se puso en contacto con Plataforma per la Llengua, para presentar una nueva reclamación. Entonces, el director de la fundación le reconoció que tenía derecho a ser atendida en catalán y la redirigió a un nuevo centro. Con todo, aquí no se acabaron los problemas, ya que fue abroncada por haber grabado las conversaciones, que ahora son públicas y demuestran la discriminación. Finalmente, fue tratada en catalán, pero con un diagnóstico erróneo y sin pruebas.
El 26 de noviembre de 2024, la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria impuso a Fundació Privada CPB Serveis de Salut Mental una sanción de 3.006 euros. A pesar de que Plataforma per la Llengua presentó alegaciones porque no se habían tenido en cuenta todos los hechos. El caso no se ha resuelto, ni mucho menos, pero, con esta multa, que continúan viendo como insuficiente. En marzo del año pasado reclamó una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial, ya que cree que hay una responsabilidad directa de esta institución en la presentación defectuosa de la asistencia sanitaria. Concretamente, el daño moral se ha cuantificado en 30.000 euros. Ante este grave caso de discriminación lingüística, Plataforma per la Llengua también aprovecha para denunciar que, a pesar de que Salut ha desplegado una serie de acciones para garantizar los derechos lingüísticos de los pacientes, la ley se incumple repetidamente, lo que afecta a los usuarios catalanohablantes, que quedan totalmente desprotegidos.