El Govern tiene previsto hacer nuevas plazas en las prisiones catalanas y poner más medios tecnológicos (inhibidores de drones y de móviles) para garantizar “la seguridad y la convivencia” en los centros penitenciarios, según ha informado el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, este lunes, en el Comité de Seguridad y Justicia, presidido por el president Salvador Illa. Actualmente, en las prisiones hay 9.098 reclusos, medio millar más que a principios de año. Sin embargo, esta cifra no llega a los 10.532 que acogieron los penales catalanes el 2010. En concreto, se ha diseñado un plan integral, que se prevé implantar entre los años 2026 y 2028, en el cual se crearán 256 plazas más en la prisión de Mas d’Enric (donde ahora hay 908 reclusos), en El Catllar, en el Tarragonès, con la instalación de dos módulos prefabricados, como los existentes, y al tener espacio en las instalaciones. Se prevé que las plazas entren en funcionamiento el año que viene, y ahora se estudia el número de funcionarios que requerirá.
El conseller Espadaler, acompañado de la secretaria general del Departament, Maite Casado, y la secretaria de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Elena Pérez, han dado detalles de este plan para “mantener la calidad de vida en los centros” y a la vez “la seguridad y evitar la saturación”. Actualmente, la mayoría de centros tienen dos o un recluso por celda, lejos de los seis que había habido en la Modelo, en la época más tensa de finales de los años 90. Actualmente, las prisiones de Brians 2 (1.795 reclusos), Quatre Camins (1.257) y Brians 1 (1.068 presos, la mayoría pendientes de juicio) son las que concentran más población reclusa. Se informa que la inversión total para implementar las mejoras en seguridad tecnológica (escáneres, inhibidores de móvil, y detectores de drones) es de 7,3 millones de euros, mientras la construcción del centro de formación penitenciaria para funcionarios supondrá un coste de 12,6 millones de euros. Esta inversión "está garantizada" si al final se tienen que prorrogar el presupuesto de la Generalitat, ha aclarado Espadaler.
"Evitar la saturación"
El consejero Espadaler ha precisado que el crecimiento de la población reclusa está básicamente formada por “hombres y adultos”, y es un reflejo del aumento que también experimenta la población de Cataluña. Ha añadido que uno de los factores de este crecimiento de reclusos es que “hay más dotación policial, con más agentes y más eficiente”, que da como resultado este aumento. El conseller ha indicado que este plan se suma a las mejoras en los centros ya aprobadas en el anterior mandato, como la prisión de Lleida, que está bastante obsoleta.
En cuanto a las nuevas construcciones, la prisión de la Zona Franca, con una inversión de 43,7 millones, no estará terminada hasta finales del año 2026, y en este caso solo se puede acoger a personas que han cumplido casi la pena o en régimen de tercer grado. La prisión de mujeres Zona Franca -esperada desde hace años y con una inversión de 163 millones-, que también estará en la Zona Franca, ahora se ha encargado su diseño.
El conseller ha asegurado: “Los centros penitenciarios no están saturados, pero si se mantuviera la tendencia podríamos llegar a un espacio de saturación, por eso el plan de legislatura para evitarla. La alternativa es poner a más internos por celda, pero no daremos pasos atrás en la dignidad que merecen los internos."
En referencia a las agresiones a los funcionarios, Espadaler ha declarado: "Las agresiones nos preocupa y todos estos elementos son para más seguridad que da mayor integridad a los servidores públicos.”
Los drones con drogas
La entrada de drones en las prisiones casi siempre es para introducir drogas y los planes inhibidores se pondrán en marcha bajo supervisión y control de los Mossos d'Esquadra. Actualmente, ya funcionan en las dos prisiones Brians, en Sant Esteve Sesrovires. En cuanto a los medios, también se pondrán escáneres corporales para controlar la entrada de drogas, especialmente a los reclusos, y, en principio, sin tener que hacer un examen corporal.
El año pasado se decomisaron 846 móviles en los centros penitenciarios, según datos de Justicia, que recuerda que los reclusos tienen 20 llamadas al mes gratuitamente, algunas con videoconferencia.