Polémica en Martorell por prohibir llenar garrafas con agua de las fuentes públicas. Fue este lunes por la tarde cuando el gobierno de coalición de Junts y el PSC, con mayoría absoluta en el pleno del ayuntamiento, aprobó una modificación de la normativa municipal para sancionar con multas de hasta 750 euros a aquellas personas que llenen garrafas, botellas o cualquier recipiente que permita el almacenamiento con agua de las fuentes públicas de esta localidad del Baix Llobregat. El alcalde, Xavier Fonollosa, ha justificado la prohibición para "hacer la vida más difícil a los okupas", mientras que una plataforma vecinal bautizada como Aliança per a l'accés a l'aigua ha comenzado a recoger firmas contra la medida porque quiere "castigar a las personas más humildes".
➡️ Radiografía policial de la ocupación en Catalunya: el 80% de las denuncias son de pisos vacíos de grandes tenedores
Concretamente, se añadirá un punto al artículo 14 de la ordenanza municipal, relativo al respeto de los espacios y bienes públicos, para prohibir "utilizar las fuentes públicas para acumular agua, utilizando garrafas, botellas o herramientas de cualquier tipo que permitan su almacenamiento". Según fuentes del consistorio consultadas por Efe, el objetivo es evitar un "mal uso" del agua y han rechazado que sea una medida discriminatoria porque la ciudadanía podrá seguir bebiendo de los surtidores públicos, de la misma manera que han asegurado que el ayuntamiento se encargará "de que no falte de nada" a las personas vulnerables que viven en Martorell.
Endurecimiento de las multas
La policía local podrá "advertir" a las personas que acumulen agua en las fuentes públicas y, en su caso, se les podrá sancionar. Así, la modificación normativa incluye un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento. Si las infracciones leves fluctuaban de los 30 a los 90 euros, ahora irán de los 100 a los 750 euros; las graves pasarán a ser de 751 a 1.500 euros, cuando antes eran de 91 a 300 euros; y las muy graves, que hasta ahora partían de los 301 euros, ahora partirán de los 1.501 y llegarán hasta los 3.000 euros.
Como ya hemos dicho, la Aliança per a l'accés a l'aigua ya recoge firmas contra la medida. La plataforma ha denunciado que "hace semanas" que el gobierno municipal de Junts y el PSC "mantiene cerradas" las fuentes de agua públicas de la ciudad, y ha lamentado el "paso más allá" que dan ahora con la prohibición. "El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental", recuerda la entidad vecinal, que insiste en la idea de que la prohibición es "profundamente injusta" e injustificada.
Quejas de los vecinos
La Aliança per a l'accés a l'aigua asegura en un manifiesto que la prohibición de llenar garrafas en las fuentes no tiene justificación económica, ya que el coste lo asume la empresa privada que gestiona el servicio del agua; ni tampoco de orden público, ya que no ha habido "nunca" ningún incidente ni denuncia por esta circunstancia. Entonces, considera que no hay ningún "problema real" que explique la prohibición del acceso al agua para toda la población de Martorell. "La única motivación para cerrar las fuentes y crear una nueva multa por hacer uso de ellas es castigar a las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio y evitar que la extrema derecha gane terreno en las próximas elecciones municipales", afirman, haciendo una alusión implícita a la controversia creciente por las ocupaciones de viviendas en la ciudad.
Con todo, la plataforma vecinal exige al gobierno municipal de Junts y el PSC la "reapertura inmediata" de las fuentes públicas, la retirada de la propuesta de modificación de la ordenanza de convivencia y el inicio de un proceso "abierto" que incluya "a las comunidades afectadas y al tejido asociativo". "No aceptamos que se señale, sancione o estigmatice a familias que ya viven en condiciones de vulnerabilidad. Corresponde al Ayuntamiento garantizar soluciones reales que aseguren que ninguna familia queda desprotegida ante una necesidad tan básica y elemental", concluyen.