Las ocupaciones en Catalunya siguen siendo un motivo de preocupación. Aunque tienden a ir a la baja desde principios de año, han crecido los intentos frustrados. Y el 80% de las denuncias a Mossos de Esquadra y policías locales por ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondos de inversión. Son algunas de las conclusiones que se desprenden de los datos de los Mossos de Esquadra, recogidos por la ACN; datos que incluyen solo los casos denunciados ante la policía, pero no aquellos que han decidido ir directamente al juzgado o quienes no han llegado a ninguna instancia. Las cifras policiales, obtenidas a través de la ley de transparencia, muestran que, tanto este año como los dos anteriores, nueve de cada diez denuncias por ocupaciones consumadas son usurpaciones, es decir, intrusiones en pisos vacíos, y la práctica totalidad de estas, unas 5.000 cada año en 2023 y 2024, fueron pacíficas y solo un centenar al año fueron con violencia. Aparte, medio millar en cada uno de estos dos ejercicios fueron violaciones de domicilio, es decir, de primeras o segundas residencias. Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde crecieron más las denuncias en 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.

Más de 4.300 denuncias desde principio de año

El número de ocupaciones denunciadas en el 2024 –sumando las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias– alcanzaron las 6.257, una media de 17 cada día. Esta cifra suponía un incremento del 8% respecto al 2023, y la cifra más alta desde el 2020, cuando se contabilizaron 6.458. Este año, entre enero y octubre, los mossos y las policías locales del país han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 18,1%, según explica a la ACN Alícia Moriana, la número 2 del cuerpo policial, quien explica, sin embargo, que las tentativas de usurpaciones de viviendas –de ocupar pisos vacíos– y los intentos de violaciones de domicilio –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales que reflejan los datos para englobar el fenómeno de las ocupaciones, han ido al alza. Tras un aumento ininterrumpido desde como mínimo 2019, el año pasado se alcanzaron 2.057 intentos frustrados, casi el doble que cinco años antes. Durante los primeros diez meses del 2025 ya se han contado 1.713, seis menos que en el mismo periodo de 2024, así que a finales de año las cifras podrían igualar o superar las del año pasado. 


 

 

Más intentos frustrados

Moriana argumenta que los intentos frustrados han crecido, por un lado, por “la acción policial”, pero también por la "la sensibilidad de los vecinos", que permite una acción más rápida de los cuerpos de seguridad sin tener que esperar un largo proceso judicial. También destaca que los propietarios son "cada vez más conscientes", y "ponen más medidas físicas de protección". Por otro lado, cree que también ha ayudado la ley 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de problemas de desórdenes públicos o de actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que "desatiende su obligación" de actuar, la comunidad de vecinos o el ayuntamiento pueden iniciar las acciones legales para conseguir el desalojo. La legislación incluso prevé sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación, y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.

Hay que denunciar para que la policía actúe

El hecho de que el 80% de las denuncias a Mossos y policías locales por ocupación sean de pisos vacíos de grandes tenedores o fondos de inversión también tiene un efecto en las denuncias, dado que cuando el propietario es de este perfil, “hay cierta dificultad” para localizarlo y para que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen”, según explica Moriana. Es más complejo el procedimiento porque “primero se le ha de "encontrar" e instarle a que denuncie, un paso esencial. "Nos habíamos encontrado que hay pisos que ni tan solo el mismo fondo inversor era conocedor de que era el propietario", ha expresado a la ACN, añadiendo que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no sea "financieramente interesante" para ellos.

De hecho, este año los Mossos han creado un "buscador de inmuebles" de uso solo interno de pisos de grandes tenedores, en el que participan la Sareb y diversas entidades financieras, a fin de "comprobar más rápidamente si un inmueble es de este tipo de propietarios" y de tener "una persona de contacto para poder activar el recurso policial y judicial" mediante denuncia. Se trata de una de las acciones que el cuerpo está llevando a cabo en el marco de un plan destinado específicamente a las ocupaciones vinculadas a delitos. Es decir, aquellas en las que la vivienda deviene "una plantación de marihuana, un punto de venta de droga, un punto de recepción de objetos robados" o bien donde frecuentan delincuentes que acaban causando conflictos vecinales e inseguridad. En cuanto a las "ocupaciones más sociales", de personas vulnerables que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, "no entran en este plan" y Moriana dice que "el abordaje policial es totalmente diferente" en estos casos

Saber el inicio de la ocupación, clave

Para que la policía pueda actuar, es clave saber cuándo ha comenzado la usurpación o violación de domicilio, lo que da pie a diversas interpretaciones sobre si ya se ha consumado una ocupación. La poca concreción con la que a menudo se encuentran los agentes de calle para determinar este inicio es otra dificultad. Si los Mossos ya no pueden desalojar a los intrusos de manera inmediata, se abre un proceso judicial más largo. Según fuentes judiciales, la interpretación de la norma en este sentido puede ser diferente según el partido judicial. Si no se ha podido desalojar de manera inmediata, los propietarios pueden pedir esta medida de manera cautelar mientras no se cierre el caso, y los ayuntamientos pueden también expulsar a los ocupantes de manera cautelar si hay riesgo grave o peligro inminente.

¿Nos ocupamos más?  

Los datos oficiales obtenidos muestran un aumento de las ocupaciones entre 2023 y 2024 de un 8%, pero a escala territorial, las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l'Estany y el Berguedà registran el mayor crecimiento porcentual, aunque con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con mayor incidencia, después del Barcelonès, que sumaba 1.467 el año pasado (-4,2% respecto a 2023). En el Gironès, el aumento interanual fue del 30%, para un total de 387, mientras que también destaca el Baix Empordà, con un 39,7% más de casos y 218 en total. En el otro extremo del ranking, algunas comarcas vieron retrocesos significativos, como la Anoia (-41%) o el Baix Camp (-17%). En conjunto, 25 comarcas han ido al alza y 16, a la baja, mientras que ni en la Vall d'Aran ni en el Solsonès se ha denunciado ninguna ni en 2023 ni en 2024.

 

Por municipios, con datos solo de los que tienen más de 10.000 habitantes, las ratios más elevadas en 2024 fueron Palafrugell (38 casos por cada 10.000 habitantes) y Salt (37 casos). Canovelles, la Ràpita, Mataró y Calonge, además de Castelló d’Empúries, Platja d’Aro, Berga y Cunit, también tienen más de 20 casos por cada 10.000 habitantes. En cuanto a las capitales de demarcación, la tasa de Barcelona fue sensiblemente más baja (4,8), similar a la de Lleida (6,5) y Tarragona (7,1), mientras que Girona se disparó hasta una ratio de 21,7 casos. En comparación con 2023, las denuncias de ocupaciones bajaron de manera significativa en Calella, Cambrils, Sant Celoni, Vilafranca del Penedès o Sant Feliu de Guíxols, mientras que los incrementos más notables fueron en Palafrugell, Blanes y Salou, así como Sabadell (de 119 a 262 casos) o Girona (de 124 a 231), que doblaron los casos.