Hasta 1.800.000 euros pueden costar en Gas Natural y Endesa las 18 sanciones que el Ayuntamiento de Sabadell les ha incoado para cortar la luz a usuarios vulnerables infringiendo la ley 24/2015 del Parlamento, conocida como "de pobreza energética". Las dos compañías han recibido hoy jueves las notificaciones. Sabadell es el primer municipio de Catalunya que da este paso.

Estos 18 expedientes sancionadores reúnen 203 casos de cortes indebidos entre agosto del 2015 y abril del 2016 (la ley es de julio del 2015). Sabadell aplica aquí el Código de consumo de Catalunya, que considera estos hechos como una infracción grave sobre la que recae una multa de entre 10.000 y 100.000 euros.

Quince de estos expedientes corresponden a cortes de luz ejecutados sin que las compañías solicitaran previamente a los servicios sociales del municipio el informe de riesgo de exclusión residencial (también llamado de vulnerabilidad) sobre el usuario moroso. La ley de pobreza energética otorga carácter preceptivo a esta solicitud y también obliga a la suministradora a informar de sus derechos al cliente cuando lo avisa de que le cortará la luz por impago. Es lo que se denomina "principio de precaución".

Incumplimiento reiterado

De estos quince expedientes, un afecta en Gas Natural y 14 en Endesa (cuatro a Endesa Energia SAU y los diez restantes a Endesa Energía XXI). El hecho de que se haya ejecutado indebidamente el corte es prueba la suficiente y documentada que permite abrir un expediente.

En cambio, los otros tres expedientes reúnen varios casos cada uno (59 afectan a Endesa a Energia, 86 a Endesa Energía XXI y 43 a Gas Natural) y sancionan el incumplimiento reiterado de la ley de pobreza energética. En estos casos no se llegaron ejecutar los cortes porque el Ayuntamiento se enteró previamente y los pudo parar. Las suministradoras, sin embargo, ya habían iniciado el proceso de cancelación del servicio.

A diferencia de los otros quince expedientes, en estos tres la suministradora podría alegar que estuvo abierto, que el correo se perdió o cualquier otro pretexto. Por eso, acumulando los casos, los abogados del Ayuntamiento de Sabadell quieren demostrar que la mala práctica de cortar sin avisar es un patrón de comportamiento de la empresa, aunque no se llegó a producir de hecho.

Otro patrón de conducta que detectan el servicios jurídicos municipales opone el comportamiento de Endesa en el de Gas Natural.

"Desde el pasado mes de julio, cuando el Ayuntamiento explicó que aplicaría sanciones, Endesa e Iberdrola avisan a todos los usuarios morosos de sus derechos y solicitan el informe de vulnerabilidad. Gas natural, en cambio, sigue cortando sin avisar ni pedir el informe a los servicios sociales", han explicado fuentes municipales.

Alerta

El área de servicios sociales de Sabadell ya había alertado de la actitud de las compañías eléctricas y del gas con respecto a la ley de pobreza energética. Un informe interno explicaba hace unos meses que estas suministradoras "esperan un escenario (diciembre de 2015) donde quede sin efecto la propia Ley (elecciones españolas). Pero eso no pasó. Su pretensión era que desde el Ayuntamiento informáramos de las situaciones de vulnerabilidad y no al revés, como marca la Ley. Lo cual quería decir reconocer la responsabilidad de la administración para asumir la carga económica de la vulnerabilidad".

Este último punto —que toca el dinero— es el más caliente. Ahora mismo, Sabadell, abanderado en la aplicación de la ley 24/2015, topa con que, para evitar los cortes de Gas Natural, debe pagar el servicio de los morosos vulnerables, pues esta suministradora no reconoce ninguna fuerza a la ley de pobreza energética.

La suministradora se defiende diciendo que hace falta un reglamento que especifique algunas de las previsiones de la ley. En este caso, del artículo 6.4, donde se establece que "las administraciones públicas tienen que establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías [...] para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o los apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos".

Gas natural alega que no queda claro quién tiene que pagar. Tanto el Ayuntamiento de Sabadell como el Gobierno insisten en que la ley es muy clara: las suministradoras deben cubrir estos costes. En Sabadell insisten: "la ley no dice que el Ayuntamiento tiene que dar ayudas para pagar el suministro sino que las empresas están obligadas a cubrirlo", explican las mismas fuentes municipales.

La actitud de las otras dos suministradoras, Endesa e Iberdrola, es diferente: no cortan al servicio, se apuntan los costes como una deuda y esperan que se aclare si lo cobrarán o si lo tendrán que cubrir ellas.

Otros ayuntamientos catalanes cubren los consumos mínimos de los usuarios morosos vulnerables o los dan ayudas para que los paguen.

Un caso de buena práctica que citan en el ayuntamiento es de la Compañía de Aguas de Sabadell (Cassa), propiedad de Agbar (78%) y del Ayuntamiento de Sabadell (20%). Cassa y el Ayuntamiento firmaron el pasado julio un convenio por el que la suministradora destina 104.500 euros a un fondo social que cubre los impagos de personas y familias vulnerables. De enero a octubre de este año se han beneficiado de este dinero 551 casos y no se ha hecho ningún corte de agua a usuarios en las condiciones que marca la ley de pobreza energética.

Si las sanciones se acaban concretando, quizás saldrán más caras las multas que cubrir el servicio de los usuarios vulnerables. Ahora las suministradoras tienen diez días para alegar y el Ayuntamiento otros diez para instruir y decidir las sanciones.