En menos de un día, partidarios y detractores de la legalización del sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) han emitido sus respectivos posicionamientos a través de dos comunicados. Varias plataformas feministas han lanzado un manifiesto este martes en el cual, además de no tolerar la legalización del sindicato, reclaman la abolición de la prostitución, asegurando que "el feminismo es abolicionista". Justo un día antes, el sindicato OTRAS había hecho público un manifiesto contrario a la ilegalización de la organización que cuenta con 1.200 firmas.

Ambas iniciativas han surgido un día antes de que la Audiencia Nacional revise dos demandas contra el sindicato. OTRAS fue inscrito como sindicato el pasado mes de agosto aunque la misma ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían marcado "un gol por la escuadra" y que la inscripción del sindicato de trabajadoras sexuales se trataba de un "error".

El manifiesto que rechaza la constitución del sindicato argumenta que la prostitución es "violencia machista" y va "contra la dignidad". Tildan al sindicato OTRAS de "maniobra para legalizar el proxenetismo". Además, añaden que "el feminismo ha sido abolicionista desde sus raíces", aunque reconocen que "algunos sectores del feminismo siguen sin declararse abiertamente abolicionistas, pero todo el movimiento está en contra del proxenetismo".

Por su parte, el manifiesto contrario a la ilegalización del sindicato ha recogido 1.200 firmas, entre las que se encuentran la de la directora de cine Isabel Coixet, varias activistas feministas, profesoras y abogadas. "No se puede impedir en ningún caso la organización libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad", claman. "Lo que está en juego es el día a día de muchas personas que encuentran en el trabajo sexual su medio de vida sin la cobertura ni protección mínima de derechos", añaden.

Inicialmente, en este manifiesto constaban las firmas de algunos cargos públicos de Unidos Podemos, como la de la senadora Pilar Lima o la diputada Rita Bosaho. La senadora reclamó la retirada de su firma y ha asegurado que "no prohibiré el derecho a asociarse ni daré apoyo a los proxenetas que explotan".