Hasta un 16% de los centros educativos catalanes ha admitido que tendrá que hacer cambios en sus proyectos lingüísticos con el fin de adaptarse a la nueva normativa y al nuevo decreto aprobado por el Govern para proteger el catalán en la escuela. Así se desprende de la recogida de respuestas al cuestionario remitido por el Departament d'Educació a las escuelas e institutos del país. Se trata, pues, de centros que han respondido "No" a alguna de las preguntas que hacía la Generalitat sobre cómo se compagina el catalán y el castellano en el centro. El Govern envió cuestionarios con siete preguntas de respuesta binaria ("Sí" o "No"), y quien respondiera afirmativamente a todas las preguntas pasaba a cumplir la nueva normativa de la conselleria. El 84% de las escuelas e institutos han respondido que "Sí" a todas estas preguntas.

Los centros educativos que han respondido con uno "No" en alguna de estas preguntas tienen ahora un año para adaptar el proyecto lingüístico a la nueva normativa. Es decir, aquella que contempla que el catalán es la lengua vehicular del sistema educativo catalán, pero que abre la puerta a incluir el castellano como vehicular, ya que se le considera curricular. De hecho, una de las preguntas que hacía el Govern a los centros decía el siguiente: "El proyecto lingüístico prevé un uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano"?.

El resto de preguntas a las cuales tenía que contestar cada centro eran las siguientes: ¿"El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje"?, "El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado"?, "El proyecto lingüístico incorpora criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas oficiales?", "El proyecto lingüístico tiene en cuenta la diagnosis de la realidad sociolingüística del centro"?", "El proyecto lingüístico tiene en cuenta que los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en las diferentes etapas educativas?, El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?".

 

El cuestionario formaba parte de las instrucciones que el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, envió a los centros educativos en el marco del proceso por la sentencia del 25% del castellano en las aulas. De hecho, el documento que recibieron las direcciones hacía primero un repaso en la normativa aplicable y el camino jurídico que había traído hasta el envío de estas instrucciones. Así, se acordaba de que el 16 de diciembre del 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estableció que la Generalitat tenía que tomar las medidas necesarias para garantizar un mínimo de un 25% de clases en castellano.