Nuevo capítulo en el caso de Juana Rivas. Un juzgado de Granada la ha citado a declarar como investigada el próximo 30 de octubre después de que su expareja la denunciara acusándola de un presunto delito de sustracción de menores para impedir que el más pequeño de sus hijos volviera a principios de año a Italia con el padre, que es quien tiene la custodia, informa este jueves la agencia Efe.
Un auto del Juzgado de Instrucción 4 de Granada cita a Rivas a declarar después de que el mes de julio pasado la audiencia provincial admitiera un recurso de la expareja de la mujer, el italiano Francesco Arcuri, al archivo de la causa. Antes de Rivas declarará el mismo Arcuri, que cree que la mujer incumplió el orden dictada por la justicia italiana el pasado mes de febrero para que el menor, que desde agosto ya vive con su padre en Italia, volviera a su domicilio habitual.
Diez años de conflicto
El proceso judicial de Juana Rivas hace una década que ocupa la actualidad y ha involucrado la justicia española e italiana. En el 2016 la mujer volvió de Italia con sus dos hijos, que residían con el padre en aquel país. Asegurando que huía de un ambiente de violencia, la mujer se escondió con sus hijos. Rivas fue condenada en el 2021 por sustracción de menores a 2 años y 5 meses de prisión, una pena que aquel mismo año fue conmutada por el Gobierno con un indulto parcial, que supuso la reducción de la pena de prisión y acondicionado en la que no volviera a cometer el mismo delito en un periodo de cuatro años.
En julio del 2025, un juzgado de Granada ordenó Rivas a entregar a su hijo menor a su padre y el niño se acabó marchando a Italia, en medio de una espectacular atención mediática y a pesar de las peticiones de los abogados de la madre y la solicitud del hijo mayor para que se quedara en España. Este caso ha tenido una importante presencia mediática y ha levantado el debate en torno al derecho de los menores de ser escuchados en procesos judiciales.
La mujer siempre ha defendido que huyó con sus hijos con la intencionalidad de protegerlos de su padre, que había sido denunciado por maltrato. Lejos de llegar al punto final la historia continúa ahora con la nueva citación, teniendo en cuenta que la mujer ha vuelto a ser denunciada por un delito de sustracción de menores. Después del indulto parcial del 2021, el Gobierno ha mostrado más recientemente su empatía con la familia Rivas y la situación que viven y se ha mostrado dispuesto a trabajar para "garantizar la seguridad y el interés superior del menor". Tanto es así que incluso se ha comprometido a modificar la Ley de Protección Integral de la Infancia para escuchar también la opinión de los menores en estos casos.