Juana Rivas ya ha entregado a su hijo menor, Daniel, a su padre, Francesco Arcuri. El intercambio se ha producido sin cámaras y con secretismo para evitar las escenas del pasado martes, cuando el menor llegó andando con su hermano mayor y la madre llegó rodeada de una nube de medios de comunicación. Así, Rivas cumple con lo que había ordenado la Justicia de Italia y también la de España. El retorno del menor de 11 años con su padre se ha producido a pesar de los intentos por evitarlo por parte de Juana Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, que desde el 2022 vive con ella en Granada. Juana Rivas ha llegado en coche con su abogado minutos después de las 9.00 horas en la sede judicial, donde se ha fijado este segundo acto de entrega después del intento fallido del martes pasado, y ha abandonado el lugar|, de la misma forma y al lado de su letrado, poco después de las 11.00 horas. Arcuri también ha salido de los juzgados de Granada hacia las 12.15 horas escoltado por la policía.
La entrega se tendría que haber producido el pasado martes, pero finalmente quedó aplazada después de que el menor se negara rotundamente. El niño alegó que sentía miedo hacia su padre y temía por su integridad física. Un escenario que provocó que la justicia aplazara la entrega a este viernes, que finalmente se ha producido.
Cruce de denuncias
La entrega del menor no cierra en absoluto la batalla judicial de este caso. Por una parte, este jueves la Audiencia Provincial de Granada decidió imputar Juana Rivas por un posible delito de sustracción de menores, a raíz de su incumplimiento de la orden judicial que exigía el retorno de su hijo pequeño en Italia, donde reside el padre y titular de la custodia, Francesco Arcuri. El hijo mayor, Gabriel Arcuri, ha denunciado a su padre y en una psicológica para coaccionar a su hermano para volver a Italia con su progenitor. Según revela El Confidencial, la denuncia apunta que el padre "instó a la psicóloga para que compareciera en el punto de encuentro familiar de Granada y presionara psicológicamente al menor" para que "admitiera ir a Italia para vivir con él". Gabriel acusa a tanto Arcuri como la psicóloga de "delito de atentado contra la integridad moral y coacciones como forma de violencia doméstica". Y además, solicita un "orden de protección" que impediría el contacto entre el padre y el menor, y la imposibilidad de estar a menos de 200 metros de distancia. Según la querella, "de estos hechos delictivos fueron testigos los técnicos del PEF Granada, así como el querellante que grabó con su teléfono móvil íntegramente estas más de dos horas y media" en las cuales el niño "sufrió esta inaceptable tortura psicológica".
Los movimientos de Gabriel Arcuri, de 19 años, para evitar que su hermano vuelva a Italia, también han incluido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y después de no la entrega del martes se dirigió a todas las autoridades competentes. Gabriel pidió a las autoridades que no permitan la entrega y que su hermano "sea escuchado antes de que sea demasiada tarde". Además, recordaba que a él lo entregaron" con su padre cuando tenía once años. "Entonces tampoco se defendieron mis derechos", argumenta y reitera que fue, durante el tiempo que vivió con Francesco, víctima de sus maltratos. Según relata, los 5 años que estuvo con su padre en Sicilia fueron "de abuso y de maltrato, hasta que tuve el valor de defenderme en los 16. Eran tan evidentes mis heridas cuando pedí ayuda que ya no podían esquivar la situación: le retiraron mi custodia a Francesco y lo obligaron a devolverme a mi casa". Desmintiendo todas las declaraciones del padre, Gabriel sostenía que "la única verdad es que desde que cumplí 18 años lucho en los tribunales por salvar a Daniel. A este hombre lo juzgarán en Italia en menos de dos meses por maltratos continuados hacia nosotros durante años".