Se eliminan obstáculos. Las mujeres de dieciséis años podrán abortar sin el consentimiento de los padres. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado este miércoles que la reforma de la ley de aborto que plantea el Gobierno permitirá que las mujeres de entre dieciséis y dieciocho años puedan hacerlo sin consentimiento paterno. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Montero ha dicho que hay que garantizar que puedan acceder "de forma autónoma", motivo por el cual se eliminará el requisito que introdujo el Partido Popular. "Igual que son responsables para trabajar y mantener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos", ha dicho la ministra.
Entre las medidas que Igualdad está preparando para la reforma de la ley del aborto destacan el mencionado acceso a esta práctica a partir de los dieciséis años de forma "autónoma", la eliminación de los tres días de reflexión o un sistema para la objeción de conciencia como lo que ya se aplica a la ley de la eutanasia. Esto último quiere decir que se obliga en los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia a contar con profesionales que practiquen abortos. "La objeción de conciencia tiene que ser compatible con el derecho al aborto", ha argumentado Montero, que ha subrayado que las mujeres podrán abortar "sin ningún tipo de obstáculo". También ha remarcado que el texto será un "cambio de paradigma" en la visión sobre la salud de la mujer para que no esté centrada en la gestación e incorpore el "disfrute" de la sexualidad y el respeto a todas las preferencias sexuales.
Problemas de acceso al aborto
La ministra ha destacado que el deber del Gobierno es el de "blindar el derecho al aborto a la sanidad pública", de manera que también ha indicado que con la reforma de la ley será la mujer quien decida el método de interrupción del embarazo, que en el centro de salud se ofrecerá toda la información necesaria y que se derivará en el hospital por procedimiento de urgencia. Asimismo, ha anunciado la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos dónde se informará sobre el procedimiento y, en caso de que hubiera alguna dificultad en el acceso, sobre los derechos existentes (dónde y cómo defenderlos). Pero la cosa no se acaba aquí: Igualdad apuesta también para avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto, prevenir y erradicar "la violencia ginecobstétrica" e impulsar las "buenas prácticas" que muchos hospitales ya desarrollan, garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos los niveles educativos. "Es responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y el respeto al otro, en la otra", ha manifestado.
En su discurso, Montero ha reiterado los obstáculos que sufren muchas mujeres y que les impiden ejercer su derecho al aborto. Ha hablado de "la presión y las críticas" que sufren o el hecho de tener que desplazarse centenares de kilómetros porque "no existen recursos públicos en sus provincias para hacerlo". "Existe un problema de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial", ha dicho. Y es que el 87,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo del 2020 se realizaron en entornos extrahospitalarios, de los cuales el 78,04% fueron a centros privados. De hecho, ni Madrid, ni Extremadura, ni Castilla la Mancha, ni Murcia han practicado abortos en centros públicos durante el año 2020, mientras que en doce provincias no se ha notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años en ningún tipo de centro, según los datos del Ministerio de Sanidad.
La salud menstrual
En medio de toda la batería de medidas que la reforma contempla, la ministra ha indicado que "la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres". "Garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos", ha añadido. En este sentido, ha indicado que se abordará el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de mujeres "sean siendo enormemente costosos" o que sean las mujeres las que siempre asuman la responsabilidad de la anticoncepción. Existe una necesidad de rebajar el IVA del 10% que tienen los productos de salud menstrual, higiene femenina, pañales para las criaturas y otros productos esenciales para que "sean accesible siempre y para todas las mujeres" que lo necesiten.
Finalmente, Montero ha reivindicado una política feminista y ha cargado contra el "bloque reaccionario", asegurando que la calidad democrática de un país se mide también en función de su capacidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se ha referido a la postura de la derecha sobre el aborto, una "negación" que demuestra su "machismo" y su "voluntad que la mujer no sea libre". "El machismo y sus defensores siempre han impuesto cómo tiene que ser el cuerpo de una mujer para ser aceptada socialmente, a qué estereotipos definidos tiene que responder, a qué manera de vivir la maternidad tiene que adecuarse, o qué relación con su sexualidad es admitida por la sociedad", ha denunciado. Así, ha advertido de "el enorme riesgo" para la democracia supone "oír al PP proponer la derogación de la ley del aborto del 2010 y volver a la del 85".