La muerte de una jueza obliga a repetir el juicio a un tuitero contra una familia del 25% de castellano

Caso excepcional. La Audiencia de Barcelona deberá repetir el juicio contra un vecino de L’Hospitalet acusado de tuitear contra la familia de Canet de Mar, que consiguió una resolución judicial para imponer el 25% de castellano en la clase de P4 de su hija en la escuela Turó del Drac, en diciembre de 2021. La sección 8.ª celebró el juicio, que terminó el noviembre pasado. Una de las tres magistradas del tribunal, que además era la ponente, falleció de forma súbita (lo que provocó una gran conmoción a familiares y compañeros), situación que obliga a repetir el juicio, con otro tribunal. Además, las tres magistradas no habían empezado a deliberar sobre la sentencia, hecho que tampoco permite dar una solución con otra componente del tribunal, según informa el gabinete de prensa del TSJC a ElNacional.cat. Por ahora, no hay nueva fecha del juicio.

En la vista, la fiscal de Delitos de Odio, Marta Gloria Catalá, pidió que el acusado sea condenado a dos años de prisión por un delito contra la integridad moral, a pesar de que solo hizo un tuit. Valoró el contexto en que fue hecho y que la red social X tiene 6 millones de usuarios, así como los trastornos provocados a los padres. Javier Pulido y su mujer aseguraron que vivieron “un infierno mediático” y su abogado elevó la petición de castigo a seis años de prisión al considerarlo autor de un delito de odio (que la fiscal niega) en concurso ideal con tres delitos contra la intimidad, así como a la indemnización de 9.000 euros. La defensa, ejercida por la abogada Mireia Casals, pidió la absolución y recordó que depositó el dinero en el juzgado, hecho que debería implicar una rebaja del castigo, si al final es condenado.

El polémico tuit

En el juicio, el vecino de l’Hospitalet admitió al tribunal que el 3 de diciembre de 2021, al ver otra publicación en X, escribió: Lo siento por el niño, pero le deberían hacer bullying hasta que se largue”. Añadió, sin embargo, que “no tenía ninguna intención de hacer daño a la criatura” y que lo hizo en un “contexto crispado, después de la sentencia del procés y donde había una ley que quería imponer el 25 % de castellano”. También declaró: “Soy de l'Hospitalet y de familia catalana y tuve que estudiar en castellano, y el catalán es importante para nosotros”

Segundo juicio, pendiente de revisión

El caso del vecino de L’Hospitalet es el segundo juicio contra tuiteros que expresaron su opinión contra la familia que impuso el 25% de castellano en la escuela de Canet de Mar. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha animado a las familias para pedir esta aplicación, que judicialmente se ha conseguido en un centenar de casos. Los hechos son los mismos, pero la causa se separó en la investigación judicial porque los otros acusados viven en Barcelona, y un juzgado de la ciudad hizo la instrucción.

En concreto, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona juzgó a los tres primeros tuiteros por acoso a la familia de Canet de Mar y condenó a uno de ellos por delito de odio en concurso con tres delitos contra la integridad moral. También le impuso una indemnización de 9.000 euros a la familia, la misma que se reclama al vecino de l’Hospitalet. El tribunal absolvió a los otros dos al asegurar que les amparaba la libertad de expresión. Esta resolución fue recurrida por acusaciones y defensas, y ahora se espera que la sala de apelaciones del TSJC se pronuncie.

Además, el conflicto lingüístico continúa en los tribunales. El Tribunal Constitucional (TC) debe resolver si la última ley impulsada por el Govern es válida o margina la lengua castellana en la escuela, como sostiene el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al posicionarse junto a la Asamblea, en nuevas resoluciones. 

A pesar de que el recurso al TC obliga a detener las causas, hay un goteo de resoluciones del alto tribunal catalán que va concediendo el 25 % de castellano a familias, si tenían causas abiertas, al asegurar que son causas individuales, no de todo el sistema educativo, que ahora revisa el Constitucional.