Los Mossos d'Esquadra han abierto un expediente disciplinario por una falta grave de respeto a un agente que se opuso a utilizar siempre el formulario en catalán de atestados, como le ordenó un superior, alegando que era una instrucción "ilegal" que vetaba los derechos de los castellanohablantes.
La Divisió d'Assumptes Interns (DAI) de los Mossos d'Esquadra acusa el agente de "desafiar" a un sargento, jefe de la Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) del distrito de Sant Andreu de Barcelona, sobre el cumplimiento de la orden a que dictó en el 2009 sobre el uso de idiomas en la confección de atestados policiales.
En esta instrucción interna se establecía que los atestados, a excepción de los casos de extradición o las ampliatorias instruidas fuera de Catalunya, tenían que hacerse "siempre en catalán" y que, si el denunciante hablaba en castellano, el mosso tenía que escribir sus manifestaciones en este idioma, pero no así el encabezamiento de las diligencias, ya que el modelo de atestado tenía que ser en catalán.
El agente ahora expedientado se mostró en desacuerdo con esta resolución, al entender que era ilegal y afectaba el derecho de uso de las lenguas oficiales porque suponía, según su opinión, un veto parcial a una de ellas.
Sancionado por una "actitud desafiadora"
Ante esta situación, el 18 de octubre del 2016 el sargento recordó al agente las pautas establecidas en su instrucción interna, ante lo cual, según Assumptes Interns, el agente abandonó de repente la reunión y volvió al despacho del sargento en compañía de dos cabos y otro agente, en cuya presencia, en "actitud desafiadora", exigió a su superior que le repitiera lo que le acababa de decir.
Según Assumptes Interns, esta "postura desafiadora" se repitió el 10 de enero del 2017, cuando el agente elaboró una nota informativa en que expuso que dejaría de obedecer la orden verbal dada por su superior, ya que no había sido motivada por escrito y porque consideraba que era "arbitraria".
Por este motivo, Assumptes Interns ha abierto al agente un expediente por una falta grave de respeto a un superior, que le podría comportar una suspensión de funciones por espacio de entre quince días y un año, con pérdida de las retribuciones correspondientes, la inmovilización en el escalafón por un periodo no superior a cinco años y el traslado a otro puesto de trabajo y cambio de destino.
Por el contrario, el agente, representado por los abogados Javier Aranda y Sandra Melgar, especializados en materia penal y función pública, sostiene que no se negó a redactar en catalán, sino que defendió que en los casos en los que el denunciante usara el castellano se utilizara el formulario en este idioma, porque si no el apartado de derechos quedaba en un idioma que podía desconocer.