Medio centenar de funcionarios de diferentes prisiones se han citado en las puertas de Brians 2, donde este viernes se prevé la salida en libertad bajo fianza del exfutbolista Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual. Por ahora los trabajadores han asegurado que mantendrán la protesta hasta que salga el exfutbolista, aunque es posible que no sea este viernes, ya que no está tan claro si podrá reunir la fianza. A pesar de todo, los funcionarios han aprovechado la atención mediática sobre el exjugador azulgrana para pedir la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento, Amand Calderó. La previsión de los trabajadores es quedarse delante de las puertas de Brians hasta la salida de Alves. Quieren acompañarlo hasta el coche.
Al mediodía, los trabajadores han hecho lectura de un manifiesto para honrar la memoria de la cocinera asesinada en Mas d'Enric y reclamar cambios en la dirección política del Departament de Justícia. Los funcionarios también se han querido dirigir a "la parte de la ciudadanía que no entiende las protestas" en las prisiones. "Los derechos humanos de los internos se respetan en todo momento y nos implicamos en sus necesidades diariamente, mucho más que cualquier burócrata desde su despacho. No se puede considerar cualquier molestia una vulneración de derechos humanos", recita el manifiesto.
Por otra parte, remarcan que constantemente no ven garantizado su derecho a la vida o a la integridad física y moral por parte de los dirigentes de la Generalitat. En relación con las agresiones, aseguran que han aumentado "exponencialmente" en los últimos años, provocando una "grave situación de inseguridad" para los trabajadores, así como "al resto de internos que quieren cumplir su condena con interés por reinventarse".
La oposición en contra de Ubasart
Junts, Vox, Cs y el PPC han pedido la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, por el asesinato de una cocinera en la prisión de Mas d'Enric a manos de un preso y la gestión de la posterior crisis penitenciaria. El PSC también ha pedido que se asuman responsabilidades, aunque no han señalado directamente a la consellera. Por su parte, la CUP y los comunes han asegurado que las protestas de los trabajadores son "legítimas" pero han advertido al Gobierno que tiene que velar para que eso no implique la vulneración de derechos fundamentales de la población penitenciaria.