Manos Limpias ha presentado la primera denuncia contra la presidenta de Red Eléctrica por el apagón, por delitos de daños, contra la salud pública, estragos, lesiones y homicidio imprudente al considerar que incurrió en una "imprudencia grave" como "máxima responsable del servicio". En el escrito en el cual ha tenido acceso Europa Press este miércoles, el sindicato ultra ha denunciado a Beatriz Corredor ante el Juzgado de Instrucción de Madrid que corresponda asegurando que habría incurrido "en una culpabilidad in vigilando que ha trascendido en unos ilícitos penales" que podrían ampliarse posteriormente.
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Con todo, Manos Limpias advierte que la denuncia podrá extenderse "según se vayan conociendo más datos ocasionados por una de las mayores tragedias ocurridas a España con consecuencias no solo de pérdidas de seres humanos, sino también materiales". "Es de libro y no admite la menor duda que se ha producido una presunta imprudencia grave por parte de la máxima responsable del servicio", critica, a la vez que recuerda que el apagón "duró aproximadamente entre 9 y 10 horas". Y añade: "Hasta la fecha de presentación de esta denuncia, están constatados cinco muertes como consecuencia del apagón eléctrico. Está constatado que las pérdidas en aquel día de apagón superan los 1.600 millones de euros, lo que afecta a un 0,1% del PIB".
¿Qué dice la denuncia?
La denuncia también asegura que, "aparte de las muertes constatadas a consecuencia del apagón, hay que añadir las crisis de ansiedad a la población, decenas de personas atrapadas en trenes, metros y ascensores y cancelaciones de citas hospitalarias". "Por otra parte, es de destacar los daños en el sector agrícola, industria, servicios (hostelería y turismo), comercio, alimentación, cancelaciones de medios de transporte con miles de pasajeros atrapados y abandonados como perros", dice.
Finalmente, el sindicato ultra sostiene que "los técnicos de Red Pública Española y expertos en la materia ya alertaron desde el año 2020 de que podría producirse una catástrofe de estas dimensiones". "El Consejo de Europa estableció el año 2020 una ratio de interconexión para el sistema eléctrico español, que tenía que alcanzar el 10% y únicamente tenía establecido el 6%", concluye. Hoy por hoy, la única investigación abierta es la de la Audiencia Nacional, donde el juez José Luis Calama indaga sobre la posibilidad que fuera un ciberataque.