La Audiència de Barcelona ha ordenado la reapertura de dos denuncias por maltrato a dos personas cerradas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, gestionado por la policía española, por haber dado positivo en la Covid-19. Responsables del centro Irídia han informado hoy de estos dos casos, en los cuales se describe "unas condiciones inhumanas y degradantes", ya que las dos personas fueron encerradas por separado en una celda sin muebles, a una de ellas 24 horas durante diez días, por haber dado positivo del virus y tener que pasar la cuarentena. Incluso, a uno de estos hombres lo ataron, a pesar de presentar problemas de salud mental.
Estos dos casos se incluyen en el nuevo informe de Irídia sobre las "vulneraciones de derechos" del CIE de Barcelona, donde la mayoría de personas están cerradas porque no tienen la documentación que requiere la Ley de Extranjería, muchas procedentes de pateras, y una minoría han cumplido una condena. Irídia detalla que actualmente representa ante los tribunales a ocho personas en seis causas abiertas por denuncias de violencia institucional en los últimos años. Añade que en todos estos casos los internos relatan agresiones físicas por parte de los agentes policiales encargados de la custodia del centro, así como tratos vejatorios o degradantes. El informe, presentado hoy, ha sido confeccionado por los penalistas Anaïs Franquesa, Andrés García Berrio, codirectores de Iridia, y la también por la penalista Marta Bolinches.
El derecho a la salud, vulnerado
Además del derecho de defensa y de comunicaciones vulnerados, Irídia denuncia que "se vulnera el derecho a la salud" de las personas recluidas, y pide a la Generalitat que exija al Ministerio del Interior, que las personas cerradas en el CIE de la Zona Franca sean atendidas por el Servicio Catalán de la Salud (como desde el 2014 se hace en las prisiones) y en las condiciones que tiene la población. Actualmente, el servicio se externalizó en una empresa privada, Clínica Madrid.
A tres semanas de acabar el año, los responsables de Irídia también señalan que el Ministerio del Interior todavía no ha publicado los datos relativos a las personas internadas en los CIEs durante el año 2021, así como tampoco con relación a las deportaciones. Lo califican de "una grave deficiencia en términos de transparencia", dado que dificulta o impide la monitorización de la situación por parte de las organizaciones de derechos humanos. E indican que eso no sucede en el ámbito penitenciario, donde los datos se publican de manera mensual, al menos a Catalunya. Así, los datos que constan son los del año 2020, en el que el Estado español deportó a un total de 3.739 personas. De estas deportaciones 1.835 fueron expulsiones y 1.904 fueron devoluciones. Y en el CIE de la Zona Franca fueron internadas un total de 445 personas.
Irídia destaca que "es muy preocupante" que se haya aplicado el aislamiento preventivo en celda en el CIE de Barcelona hasta en 724 ocasiones durante el 2020; mientras que en otros CIEs del Estado español, como el de Madrid, se aplicó solamente en 6 ocasiones. De hecho, el total de aislamientos en el conjunto de los CIEs del Estado español durante el 2020 fue de 84 ocasiones, de las cuales 72 corresponden tan sólo al CIE de Barcelona.
Debido a la pandemia, el CIE de Barcelona estuvo cerrado a familiares y visitas desde enero a junio de 2021. Irídia señala que finalizado el estado de alarma y levantadas la gran mayoría de restricciones, en el CIE de Barcelona se ha restablecido el régimen de visitas de ONGs limitándolas a dos días a la semana e impidiéndolas el resto de días. Mientras, un auto reciente del Juzgado de Control del CIE de Murcia establece que las ONGs tienen que poder acceder cada día en el centro, mañana y tarde.
De todos los obstáculos expuestos, la principal dificultad que identifica Irídia en la denuncia de situaciones de violencia institucional en el CIE de Barcelona es que las personas agredidas y los testigos son expulsados pocos días después de los hechos en la mayoría de casos. Eso, precisa, supone habitualmente que los juzgados de Instrucción de Barcelona archiven la denuncia aludiendo la imposibilidad de tomar declaración. A esta situación, hay que sumar "la inacción del Ministerio Fiscal" en su función de ejercer la acción penal y "de instar a la autoridad judicial a la adopción de medidas cautelares" y en la práctica de diligencias para aclarar los hechos, según Irídia.
Por último, Irídia apunta la falta de cámaras de videovigilancia o el no aseguramiento y custodia de las grabaciones, en los casos en que sí hay cámaras en el CIE, como uno de los hechos para no poder aportar pruebas. Y recuerda que, esta obligación clara e inequívoca ya ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a condenar el Estado Español por su incumplimiento en 12 ocasiones.
Manifestación en el CIE de la Zona Franca contra la reclusión de migrantes / ACN
En estos complejos procesos penales, Irídia destaca que cuatro años más tarde, a lo largo de este 2021, han acabado de declarar el total de once agentes del Cuerpo Nacional de Policía que están siendo investigados a raíz de una denuncia que varias personas interpusieron en septiembre de 2017.
Ante todas estas irregularidades, el centro Irídia pide la derogación de la Ley de Extranjería, que las personas migrantes tengan más facilitados para obtener permisos de residencia, y que se prohíban las detenciones por motivos de perfil étnico. También solicita una ley reguladora de la jurisdicción del control de los CIE, ya que ahora es inexistente, y que desde el CGPJ o del TSJC se elabore una guía de buenas prácticas dirigidas a los juzgados en los casos de denuncias por torturas y maltratos en interior del CIE. Y que se elabore una instrucción para regular el aislamiento y las contenciones en el CIE.
Foto principal: Un agente de la policía española en el CIE de la Zona Franca / Efe