La Justicia ha anulado el examen de catalán que el Ayuntamiento de Amposta, gobernado por ERC, exigía a los aspirantes a una plaza de electricista municipal. Según publica El Mundo, que ha tenido acceso a la sentencia, el juzgado considera que las bases del concurso vulneraban la legalidad al imponer un nivel lingüístico demasiado elevado y no justificado para las funciones del puesto de trabajo.

La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona declara la nulidad de la convocatoria en lo relativo a la exigencia de un nivel B2 de catalán. "La conclusión no puede ser otra que advertir una contravención legal en las bases impugnadas que debe comportar la nulidad de la previsión relativa a la exigencia del nivel B2 de lengua catalana", señala la magistrada. También añade que "procede declarar, asimismo, la nulidad de la base que regula la prueba de conocimiento de la lengua catalana, en tanto que requiere que la acreditación lo sea de un nivel B2 específicamente".

La polémica por los criterios lingüísticos y los rasgos propios de pronunciación

Tal como detalla El Mundo, la prueba incluía criterios que penalizaban "la pronunciación incorrecta" habitual en castellanohablantes, como por ejemplo "no distinguir entre vocales abiertas o cerradas", "ensordecer las eses sonoras", "no pronunciar la ele palatal" o "no enmudecer consonantes al final de palabra". Además, incorporaba ejercicios gramaticales complejos, como el uso de pronombres débiles (-ne, -se, -hi, -ho), así como cuestiones de léxico y fraseología con términos como "malucs" o expresiones como "combregar amb rodes de molí".

Redactar un mail de 150 palabras, injustificado y desproporcionado

Los aspirantes también debían superar pruebas de ortografía, morfología e incluso redactar un correo electrónico de 150 palabras para ofrecerse como canguro, además de una conversación guiada sobre bibliotecas, contenidos que, según el recurso presentado, excedían las necesidades del puesto de trabajo.

El litigio se inició a raíz del recurso de la entidad Convivència Cívica Catalana, que consideraba el requisito "excluyente" y desproporcionado. La organización argumentaba que "exige un nivel de catalán que no guarda relación ni proporcionalidad con los puestos de trabajo a cubrir, discriminando injustificadamente a aquellos que no posean este conocimiento", y remarcaba que las funciones de un electricista "se limitan estrictamente a tareas de carácter manual, técnico, que no requieren un dominio escrito avanzado de la lengua catalana".

Esta decisión se añade a otras resoluciones recientes en la misma línea. Según recuerda El Mundo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya ratificó la nulidad de una convocatoria del Ayuntamiento de Vic que exigía también un nivel B2 para una plaza de mantenimiento, y el Parlament fue condenado por pedir este mismo nivel a los conductores de la Mesa de la cámara.