El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia Pujol, ha autorizado a Jordi Pujol Ferrusola y a su hermano Oleguer a desplazarse a Andorra en julio para asistir a una audiencia judicial en calidad de perjudicados, pero les prohíbe "acudir a cualquier institución financiera de cualquier naturaleza" con sede en el principado.

Esta decisión llega después de que así lo solicitaran los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol el pasado 1 de junio. Argumentan que deben acudir a Andorra el 8 de julio para asistir al acto de una audiencia judicial en la que han sido citados ambos en calidad de perjudicados.

El mayor de los hermanos Pujol, Jordi, está en libertad bajo fianza después de que en diciembre de 2017, tras abonar 500.000 euros, abandonara la prisión madrileña de Soto del Real, en la que permaneció ocho meses. Entonces, De la Mata le prohibió salir de España y se acordó que debía acudir semanalmente a firmar en los juzgados.

Solo pueden viajar a Andorra el 8 de julio

Ahora, dos años y medio después y con la instrucción aún abierta, De la Mata atiende la solicitud de los hermanos y les autoriza a viajar "exclusivamente el día 8 de julio de 2020" para cumplir con esa citación de la autoridad judicial extranjera. "Con el único, exclusivo y excluyente propósito de comparecer en el acto del juicio oral", indica en su providencia.

Además, el magistrado señala que con el objetivo de "mantener la virtualidad de las medidas cautelares" les prohíbe entrar en entidades bancarias y mantener cualquier encuentro o reunión en cualquier lugar del Principado "con personas vinculadas directa o indirectamente a entidades bancarias, financieras o mercantiles".

El magistrado investiga desde hace años al expresidente catalán Jordi Pujol, a su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos por el presunto origen ilícito de su fortuna y, en el marco de esta instrucción, ordenó en abril de 2017 el ingreso en prisión del hijo mayor por los delitos de blanqueo continuado de capitales, fraude fiscal y falsedad documental. Permaneció en prisión preventiva hasta diciembre de ese año, cuando el magistrado redujo la fianza inicial de tres millones a 500.000 euros.