Entre las decenas de arterias judiciales que cuelgan del procés independentista, hoy se ha reactivado el caso que investiga al ex secretario general de Economia Josep Maria Jové. Jové fue uno de los altos cargos detenidos el 20 de septiembre del 2017. Su caso saltó del juzgado de Instrucción 13 al Tribunal Superior de Justicia porque ahora es diputado en el Parlament de Catalunya y está aforado.
Hoy han declarado como testigos tres guardias civiles. Han declarado que el Govern de la Generalitat buscó financiación en China antes del 1-O y que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) estaba ideada y preparándose para asumir el cobro de impuestos del Estado y quedárselos en caso de declaración de independencia. Además, también han asegurado que la Generalitat se quedó los datos de los ciudadanos que se apuntaron al registro de voluntarios, aunque la base de datos se cerró después del 1-O.
Los tres agentes estudiaron la documentación que requisaron a la Conselleria d'Economia el 20-S y después hicieron los informes.
En su declaración del mes de junio, Josep Maria Jové, discutió las pruebas de la Guardia Civil. Aseguró que los papeles que la Guardia Civil había encontrado no eran suyos. Su estrategia pasa por cuestionar la investigación y toda la causa general. Su primer abogado, Andreu van den Eynde, ya calificó de "causa general contra el independentismo" todo el seguimiento de la Guardia Civil.
El tribunal mantiene que hay bastantes indicios para investigarlo por malversación de fondos públicos, desobediencia grave y revelación de secretos. Y argumenta que los aforados no pueden tener "privilegios que limiten la investigación penal cuando hay sospechas razonables" contra ellos.