El fiscal de medio ambiente de Barcelona ha abierto diligencias de investigación sobre la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) por las reducciones de los caudales ecológicos que la Generalitat aplicó a los ríos Muga, Ter y Llobregat. La decisión se ha tomado después de una denuncia en el mes enero de la Federació d'Ecologistes de Catalunya (EdC) contra el director de la ACA, Samuel Reyes, como responsable de las justificaciones técnicas que sirvieron al Govern para aprobar el acuerdo que reducía el caudal. Ecologistes consideró que esta decisión podía suponer un delito contra el medio ambiente.
El Govern aprobó el 16 de enero un acuerdo que reducía los caudales de emergencia de los tres ríos. Los responsables de EdC alertaron entonces de que la propuesta suponía reducir en un 92% de media los caudales de mantenimiento aprobados y aseguraban que eso podía causar importantes afecciones ambientales y sobre la calidad del agua. Además, calculaban que en los tramos afectados hay 48 especies en peligro de extinción.
Denuncia de Ecologistes de Catalunya
El pasado 29 de enero, Ecologistes de Catalunya, denunció a Samuel Reyes al considerar que el acuerdo aprobado por el ejecutivo de acuerdo con las recomendaciones de la ACA es incompatible con el compromiso del Govern de mantener la vida piscícola y la vegetación de las áreas afectadas. Por esta razón, solicitaban al fiscal pedir a la dirección general de Políticas Ambientales "los informes que confirman y avalan que, sustrayendo estos caudales de los ríos, podrían sobrevivir". También reclamaban al fiscal que se dirigiera al Consejo de Protección de la Naturaleza para saber si tendrían que informar de los efectos ambientales que pueden afectar los tres espacios naturales referidos y si algún órgano del Govern los ha informado.
En el momento de presentar la denuncia, el presidente de la entidad en Catalunya, Joan Vàzquez, criticó que el ejecutivo no actuara sobre determinados sectores como el de la ganadería y que no se aplicaran restricciones sobre las macrogranjas que según los ecologistas hay en las comarcas de Osona, al Bages o el Alt Empordà. "Calculamos que en las granjas de estos territorios hay más de dos millones de cerdos", señalaron los ecologistas, que calculan que para atender a estos animales hacen falta cerca de 61 hectómetros cúbicos de agua anuales. "A todo eso hay que sumar el agua que se usa en actividades derivadas como la de los mataderos y que podría subirse hasta los 100 hectómetros cúbicos anuales", afirmaba. Y denunció que "no hay ningún precedente en la historia hidrográfica del país en que nadie se haya atrevido a aplicar estas reducciones".